La incertidumbre electoral atenta contra la democracia republicana

Exhortamos a su vez al Poder Ejecutivo Provincial a promulgar rápidamente dichas normas, de modo tal de poder tenerlas en cuenta a la hora de convocar a elecciones generales.
Requeriremos a su vez del Superior Tribunal de Justicia una pronta definición en el planteo de inconstitucionalidad de la ley Castrillón presentado por ex convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical.
Desde 2008 en Entre Ríos existen Comunas – que deben sustituir a las antiguas juntas de gobierno en los centros rurales de población – y un nuevo sistema municipal que modifica sustancialmente el viejo régimen creado en 1933, dotándolo de autonomía y creando nuevos cargos electivos. Ninguna de esas reformas podrán aplicarse en el período 2011-2015 si predominan las peleas, los intereses y las ambiciones mezquinas. Tal eventualidad constituiría un inaceptable retroceso institucional, que confirmaría la escasa importancia y jerarquía atribuida por el justicialismo a los avances verificados en la reforma de la Constitución provincial.
No hay reglas de juego claras, transparentes ni igualitarias para todos los actores políticos. El Gobierno maneja el calendario electoral gracias a una ley perversa –la denominada “Ley Castrillón”-, que además de inconstitucional es confusa e incoherente, y plantea la posibilidad absurda de la injerencia de un partido político en la definición de las candidaturas de otro partido. Además, no contempla debidamente el requisito constitucional de la adecuada y proporcional representación de las minorías.
El radicalismo ha planteado a través de su bloque de diputados provinciales un ambicioso proyecto de reforma política integral. Habrá que avanzar en el próximo período de gobierno en tal asignatura pendiente. Pero en la coyuntura, la legislatura, el Poder Ejecutivo y la Justicia tienen la obligación, cada uno en el campo de sus respectivas competencias, de hacer todo lo necesario para que el proceso electoral que se avecina goce de las mayores garantías posibles de transparencia y ecuanimidad y se evite a su vez el desatino inconcebible de no aplicar los avances introducidos en la reforma constitucional de 2008.