Otra prueba eliminada es un artículo escrito para Clarín por Marcelo Kohen, abogado radicado en Suiza que integró el equipo argentino, en el que recomendaba no recurrir a esta Corte para tratar de solucionar el conflicto bilateral.
El Estatuto del Tribunal establece que las pruebas que presente cada parte deben ser exhibidas a la otra, en plazos determinados, para que así pueda ejercer su defensa. El viernes de la semana pasada, en la segunda de las dos audiencias realizadas en Holanda, los diplomáticos argentinos se mostraron sorprendidos por la mención de sus colegas uruguayos de elementos que —dijeron— habían sido incorporados al caso vencidos esos tiempos.
Esto no contribuyó a apaciguar los ánimos en el imponente Palacio de La Paz, en La Haya. El jueves, Uruguay había respondido a la demanda argentina rechazando cualquier hipótesis de contaminación y, de paso, hablando sobre la corrupción al otro lado del Río de la Plata. Los abogados de la Cancillería respondieron que Uruguay se había manejado con «mala fe» en el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975.
Terminada la audiencia del viernes, la jefa de la delegación argentina, Susana Ruiz Cerutti, consejera legal de la Cancillería, hizo una queja formal por la incorporación de las pruebas nuevas. A la salida del juicio, relató que se encontró con los documentos correspondientes recién en la sala que la Corte le había designado para que trabajara en los cuartos intermedios.
Su par uruguayo, Héctor Gros Espiell, embajador en Francia, escuchó y dio sus razones. Y la presidenta del Tribunal, la baronesa inglesa Rosalyn Higgins, prometió la respuesta que finalmente se emitió ayer.
Se supone que ahora la Corte empezará a meterse de lleno en lo que todo el mundo espera: si manda o no a Uruguay a que suspenda las obras que ENCE y Botnia desarrollan frente a Gualeguaychú. Hay dos jueces —un chino y un eslovaco— que no participan de este tramo del juicio por «razones médicas».
La resolución podría anunciarse antes de mediados de julio; en cambio, el fondo del asunto —si Uruguay incurrió en responsabilidad internacional al violar el Estatuto del Río— tomará cuatro, cinco años. El Tribunal tiene un criterio absolutamente restrictivo sobre medidas provisionales como las que quiere Argentina.
