En las dos horas que duró la exposición, los expertos argentinos insistieron en que Uruguay persiste en violar el Estatuto del Río Uruguay y en que la Argentina no es responsable de este error, cometido originariamente por Montevideo al no haber consultado la construcción de las pasteras, tal como lo dispone el tratado para proyectos que afecten a un recurso compartido como es el río Uruguay, a orillas del que se levantan las plantas.
Picolotti aseguró que ayer Uruguay «ha presentado los hechos de manera tal que pretendía inducir a un error a la Corte con respecto a la conducta del Estado argentino y con respecto a que la construcción no causa ningún daño».
Su colega, Juan Carlos Vega, también miembro de la delegación, indicó que «la postura Argentina fue rigurosa y demostró que hay riesgos de perjuicios irreparables como fundamento de la medida cautelar».
Por otro lado, se mostró «dolido» por las afirmaciones realizadas en la audiencia de ayer por el embajador uruguayo Héctor Gros Espiell, quien había dicho: «en Uruguay no tenemos problemas de corrupción».
Vega no ocultó su malestar con las expresiones del experto uruguayo. «Estas palabras del embajador fueron absolutamente inapropiadas porque hasta se olvida de cosas elementales que nadie le quiso contestar, como que Uruguay es el único país en América latina que tiene una ley que perdona a los genocidas», disparó Vega.
Por otra parte, la delegación nacional evitó réplicar a las referencias que Uruguay había hecho en la audiencia de ayer sobre los cortes de ruta que realizaron los ambientalistas de Gualeguaychú, los derechos humanos y la corrupción. «No son materia de este tribunal», argumentó Susana Ruiz Cerutti, asesora legal de la Canciellería.
«Uruguay presentó el jueves ante este tribunal una visión bastante deformada de los hechos Este país ha optado desde el principio por la política de los hechos consumados», declaró ante el tribunal el jurista argentino radicado en Suiza, Marcelo Cohen.
Para el jurista británico Philippe Sands, también integrante de la delegación argentina, Uruguay intentó hacer olvidar a la Corte que se está juzgando «el mayor proyecto industrial lanzado por Montevideo, que se sitúa en lugares vírgenes, en un río compartido y viola un régimen común de respeto al medio ambiente».
Tras la presentación argentina, llegará el turno de Uruguay que podrá ejercer su derecho de réplica a partir de las 11.30. Una vez finalizadas ambas audiencias, la Corte deberá decidir si ordena paralizar las obras de las dos plantas de celulosa tal como lo solicita la Argentina. La decisión del tribunal se conocerá dentro de cuatro o cinco semanas.
En sus 60 años de existencia, el tribunal internacional no ha dictado todavía una medida cautelar de tal envergadura. Las sentencias de la Corte son definitivas y no se pueden apelar pero el tribunal no dispone de los medios para obligar a las partes a aplicarlas. Desde su creación en 1946, ha dictado 92 veredictos y tan sólo cinco no se han aplicado.
