En la fase escrita en litigios dirimidos por la CIJ, los países enfrentados presentan primeramente sus respectivas memorias, las cuales recogen los argumentos principales de cada país y que no se hacen públicas hasta que se abren las audiencias orales del proceso ante la Corte.
La fase escrita de los litigios puede ampliarse con una segunda ronda de argumentaciones escritas, en la que tanto Argentina como Uruguay tienen oportunidad de contestarse mutuamente posibles nuevos argumentos presentados en las memorias, que son confidenciales hasta que se abren las vistas orales públicas.
Argentina elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, al sostener que su vecino violó el tratado del río Uruguay, firmado en 1975 cuando autorizó la construcción de dos fábricas de celulosa en su ribera del río que divide los dos países.
Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos de la vía fluvial debe ser conjunta entre los dos países.
En principio, estaba planeada la ubicación de dos plantas celulosas -una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE- pero la segunda decidió relocalizar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, con lo que podría evitar en un futuro problemas derivados del contencioso en La Haya.
El lugar está situado a unos 200 kilómetros al sur de Fray Bentos, destino original de la fábrica y donde se sigue construyendo la planta de la finlandesa Botnia.
Tanto Argentina como Uruguay solicitaron a la CIJ medidas cautelares que en los dos casos les fueron denegadas.
Argentina pedía que las obras de construcción de las papeleras se paralizaran hasta que el contencioso en La Haya llegase a un fin.
Uruguay demandaba que el máximo órgano judicial de la ONU obligara a Argentina a paralizar cortes de puentes internacionales que unen ambos países y cuya libre circulación está regularmente bloqueada en protesta por las obras de las celulosas.
