La Argentina basó su presentación en tratar de demostrar que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975, al autorizar de manera unilateral la construcción de las papeleras de ENCE (España) y Botnia (Finlandia).
Los expertos argumentaron que esta irregularidad originaria supuso un primer perjuicio, al que se suma el que las obras de las pasteras ya estén en marcha. Además, destacaron que Uruguay no tuvo en cuenta la necesidad de preservar el medio ambiente. Luego, hicieron especial hincapié en los daños «irreversibles» que el funcionamiento de las plantas de celulosa provocaría en la región.
Finalizada la audiencia argentina, comenzó en el Salón de Justicia del Palacio de la Paz de la Corte Internacional la presentación de Uruguay, que también tendrá tres horas para exponer sus argumentos en favor de la instalación de las pasteras.
Encabezada por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, la delegación del país vecino intentará demostrar que la construcción de las fábricas no generan de por sí un riesgo ambiental para la región, por lo que no tiene sentido el reclamo de una medida cautelar para frenar las tareas.
La apertura de la audiencia argentina quedó a cargo de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti. «En estos momentos en los que comparecemos ante la Corte, continúa la construcción de las dos fábricas de talla monumental al objeto de convertirlas en hechos consumados», subrayó.
Luego, llegó el turno de la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y representante de Entre Ríos, Romina Picolotti.»Este es un grito desesperado en defensa del río Uruguay», aseguró ante los jueces. La experta enumeró los daños medio ambientales «irreversibles» y los riesgos para la salud de los habitantes de la zona y para la preservación de la fauna local que provocaría la puesta en funcionamiento de las papeleras que, según describió, «crecen a ritmo vertiginoso» a orillas del río Uruguay.
Además de la asesora legal de la Cancillería, expusieron ante el tribunal otros expertos designados por el Gobierno. Entre ellos, el jurista británico Philippe Sands, subrayó que el Estatuto del Río Uruguay establece un «régimen común» para la explotación del río Uruguay que obliga a cada una de las partes a «notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte a la calidad de sus aguas».
