DIARIOJUNIO no necesita responder los agravios de Cáceres, de eso se encargan los trabajadores que lo conocen y padecieron. Una vez que nosotros subimos una información a la red, no somos los que debemos valorarla, sino nuestros lectores. Por lo demás y tal como lo planteó una lectora deberían ser los fiscales quienes investiguen la veracidad de la grave denuncia (extorsión) que formuló contra este medio.
En cuanto a que Cáceres no siente sobre sus hombros la desidia y la irresponsabilidad, luego de 4 largos años de gestión, el delegado y subdelegado de ATE en el IAPV, le responden así : “cuando el personal requirió del presidente (Cáceres) que pasaba con los nuevos planes federales de vivienda, siempre se obtuvo como respuesta (en forma patoteril) que se estaban gestionando cuando en realidad, por no cumplir con las metas prefijadas en la adjudicación de cupos a las provincias, no se le asignaba ni siquiera los fondos para pagar los certificados de obras en ejecución”.
La nota que firman Marcelo Saboredo y Carlos Benítez delegado y subdelegado de ATE en el IAPV, reconfirman las amenazas a empleados “decimos que existió” aunque “en la documentación los empresarios involucrados tratan de minimizar la función de los inspectores, a solas proferían insultos y amenazas”, por las dudas agregan “sabiendo el poder que tenían los empresarios en ese momento, requerimos instrucciones como corresponde de nuestros jefes, autoridades del instituto y lo que obtuvimos fue una defensa cerrada a los empresarios”.
A pesar de asegurar que no esperan que Aldaz diga nada por los “códigos partidarios”, señalan que “planes nuevos de viviendas no se avizoran a corto plazo y eso no es culpa de los empleados, si es de quien manejó la institución que es nada menos que el Sr. José Cáceres”.
Señalan también que Cáceres no solucionó nunca “las cuentas corrientes embargadas de nuestra regional (IAPV Regional Salto Grande) ; el tema de los autos que de tres no se hace uno, pero eso sí, compró con fondos del instituto antes de irse uno de 65 mil dólares para llevárselo a la Cámara de Diputados” (Cáceres es actualmente diputado provincial). En la nota se asegura también que “en el mes de octubre pasado, en su gestión y en Concordia, se adjudicaron 293 viviendas de las cuales y según Resolución Nº 0212 se dividían en 10 % (29 viviendas) para servicio de seguridad ; 20 % (57 viviendas) para empleados municipales ; 30 % (87 viviendas) Situaciones Especiales y el 40 % (118 viviendas) demanda libre. La realidad indica otra cosa (y sino remitirse al acta de sorteo) no se cumplió con estos porcentajes entre los casos especiales y demanda libre”, rematan los firmantes, como para que, Cáceres, más que, enojarse y arremeter contra la información, explique a la comunidad sin agraviar gratuitamente a quienes simplemente informan.
