La politóloga Alonso, que pudo ocupar su cargo gracias al decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el título de abogado de los requisitos para el puesto, ha sido cuestionada repetidas veces desde la oposición por su inacción ante casos resonantes de conflictos de interés de los funcionarios del Gobierno, así como ante inconsistencias en sus declaraciones juradas, entre otras irregularidades.
Su mirada sobre el rol que debe cumplir la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal la denominación institucional de la OA) quedó expuesta en una entrevista con el diario La Nación, en la que Alonso aseguró que esa entidad “es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo que cuando detecta un caso de corrupción, lo denuncia”.
“Hay una cuestión muy seria, pareciera que la propia titular de la OA no entiende cuáles son las funciones que tiene que cumplir conforme a la ley. El único órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional es la Sindicatura General de la Nación (Sigen)”, aseguró Volosin. “La OA hace dos cosas: tiene una dirección de investigación, que es como la pata penal, que tiene que investigar los hechos de los que toma conocimiento, por ser públicos, hacer las denuncias que corresponda y, cuando lo amerite, presentarse como querellante en las causas penales. La otra tarea de la OA es la de control, tiene una dirección de políticas de transparencia, que debe dedicarse a entender cómo el funcionamiento del Estado puede estar generando oportunidades para la corrupción, y ver qué hacer para corregirlo”, explicó la abogada.
Volosin coincidió con las afirmaciones de Alonso acerca de que no todo conflicto de interés constituye necesariamente un delito. “Hay casos que, si están bien resueltos y se gestionan conforme a las buenas prácticas internacionales, pueden no constituir un delito. El problema es que ninguno de los casos se gestionó bien”, explicó.
La abogada sostuvo que los problemas en el tratamiento de los casos se vinculan con dos razones: “Primero, nuestra ley de Ética Pública es espantosa y no está conforme a las buenas prácticas internacionales. Pero, aún en el marco de esas limitaciones, la OA tuvo la posibilidad de administrar bien los conflictos y no lo hizo. Basta con recordar el caso del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, titular de acciones de una empresa que formaba parte de un sector económico al que él mismo tenía que controlar, al que la OA sólo le sugirió la posibilidad de evaluar vender esas acciones, cuando, en el marco de la legislación vigente, le tendría que haber dicho: o vende las acciones o se va a su casa. Tampoco se actuó bien con Luis Caputo. Hay un doble estándar”.
Al ser consultada sobre si hay una inconducta de los funcionarios al no declarar sus activos en el exterior, la secretaria Alonso se excusó: “Eso lo tiene que definir la Justicia, no corresponde que lo digamos desde la OA”. Pero parte del rol del titular de la OA es pronunciarse sobre estos casos, explicó Volosin: “Si no va a opinar sobre ningún asunto que pueda tener eventuales características penales, no va a poder hablar de nada. Su posición parece más bien una actitud de defensa, propia de quienes son acusados”, cuestionó la especialista.
“Esto no tiene que llamarnos la atención. Es muy difícil pensar que el titular de ese organismo va a controlar a quienes lo designaron, definen su presupuesto y lo pueden remover del cargo. La OA ni siquiera tiene presupuesto propio. Lo mismo pasó en el gobierno anterior. El problema es que la OA no funciona ni está estructurada como debiera”, afirmó Volosin, y agregó que el proyecto de reforma que el oficialismo llevará al Congreso Nacional tampoco salda esta situación, porque su titular sigue siendo designado por el Presidente de manera unilateral, y el Parlamento sólo interviene en casos de remoción.
“Se tiene que garantizar la idoneidad y la independencia. Para lo primero, la única forma es que la elección del titular se defina a través de un concurso, y eso no está en el nuevo proyecto. Para que haya independencia se requiere, además de una audiencia donde opine la sociedad civil, que se establezca un mecanismo de consulta con el Parlamento, que obligue a abrir ese proceso a la oposición”, afirmó la especialista.
