Los fiscales José Candiotti y Mario Silva consideraron que ya hay suficiente prueba reunida como para que el juez Gustavo Zonis cierre la investigación y les corra vista a ellos y a los querellantes para que realicen el requerimiento de elevación a juicio.
Con esto, si hay aval del juez, llegará a debate oral y público el año que viene el caso de la apropiación de la hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nació a fines de febrero o principios de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná; fue sustraída de los brazos de su madre y –previo paso por el Instituto Privado de Pediatría– abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario, para luego ser entregada en adopción legal. Sabrina Gullino recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008.
De todos modos, en el pedido de cierre de la instrucción se hace la salvedad de que debe continuarse con la investigación del hermano mellizo de Sabrina, de quien todavía no se conoce el destino. Ese bebé varón fue derivado junto con su hermana del Hospital Militar al Instituto de Pediatría –bajo los nombres de “NN López” y “Soledad López”– y recientemente se conformó una causa aparte para continuar buscándolo.
Los procesados en la causa son Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González, Juan Antonio Zaccaría, Jorge Alberto Fariña y Pascual Oscar Guerrieri, de quienes la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ya confirmó el procesamiento y la prisión preventiva.
La causa «Trimarco Juan Carlos Ricardo y otros s/ sup. inf. arts. 139 inc. 2° y 146 siguientes y concordantes, todos del Código Penal de la Nación (Ley 11.179)», conocida como Hospital Militar, se inició con una denuncia presentada en mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, en base a testimonios que recolectó y que denunciaban que el nosocomio de avenida Ejército funcionó como maternidad clandestina durante la última dictadura.
Los pasos procesales
En su presentación del martes, los fiscales dejaron en claro que, a su criterio, no quedan medidas pendientes por producir, la investigación está completa y se cumplió con la normativa procesal que establece que para que se declare cerrada la instrucción deben estar firmes los procesamientos. Esto terminó de cumplirse con la reciente decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de no concederle un recurso de casación al ex oficial de Inteligencia del Ejército Juan Daniel Amelong.
En las próximas horas, los abogados querellantes Marcelo Baridón y Álvaro Piérola imitarán a Silva y Candioti presentando sus escritos para que se cierre la instrucción. El siguiente paso, si el juez hace lugar a la petición, será que se corra vista nuevamente a la querella y la Fiscalía para que realicen los requerimientos de elevación a juicio.
Posteriormente, el juez correrá traslado a los defensores para que se pronuncien al respecto. Si se oponen a la elevación a juicio, los plazos podrían extenderse más de lo previsto, pero de todos modos se espera que para el debate oral y público no se inicie antes de fin de año, consigna Uno.
