No se descarta que en el próximo semestre Ceroleni pueda dictar sentencia, incluso antes que el Tribunal Oral Federal (TOF) en el juicio contra Harguindeguy, lo que haría que la megacausa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura sea la primera en llegar a las condenas. Por lo pronto, ya el martes deberá formalizar las acusaciones la Fiscalía, aunque puede haber prórrogas.
Según informó Uno, en el medio hay algunos recursos pendientes de resolución, entre ellos el planteo de uno de los procesados, el ex policía diamantino Luis Francisco Armocida, cuya defensa pretende que se le suspenda el proceso penal en su contra por alegados problemas de salud. Ya se realizaron las pericias médicas y se espera una inminente definición.
La causa Área Paraná, que tiene sus orígenes en las primeras denuncias de familiares de desaparecidos y de las víctimas de detenciones ilegales, torturas y otros delitos, se tramita bajo el antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal e ingresó en lo que se denomina la etapa del plenario, donde el Ministerio Público Fiscal y los querellantes reprochan las conductas de los imputados y éstos se defienden.
Ceroleni aceptó la designación de la Cámara Federal y ninguna de las partes lo impugnó. Así, ya como juez firme y con plena jurisdicción, su primera medida fue correr vista rápidamente a los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti, quienes por estas horas se encuentran analizando los 42 cuerpos del expediente para resolver si acusan a todos los procesados o sólo a algunos de ellos, por qué delitos y con qué grados de responsabilidad. Además deberán realizar un relato de los hechos delictivos que se le atribuyen a cada uno.
Los imputados son los ex militares Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
De ellos, el que aparece como principal responsable es Díaz Bessone, por haberse desempeñado como comandante del Segundo Cuerpo del Ejército durante la época de los hechos. Otro que podría merecer una dura acusación es Demonte, porque es señalado como el autor del disparo que asesinó al militante Pedro Sobko y del secuestro de Victorio Erbetta, quienes todavía se encuentran desaparecidos.
Bidinost y Appelhans, por su parte, también tenían un alto grado de responsabilidad por haberse desempeñado como directores de las cárceles de mujeres y varones, respectivamente de Paraná, donde según muchas denuncias eran habituales las torturas o los presos eran sacados de allí para ser conducidos a otros centros de torturas.
Appiani, por su parte, se desempeñaba como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra Estable N° 1 y N° 2 de la Subzona de Defensa 22 – 2/22 “Paraná” y sería otro con alto grado de responsabilidad en la estructura represiva local. Luego de que se efectúen las acusaciones corresponderá el ofrecimiento de pruebas.
Aquí habrá un doble debate: por un lado para resolver si se considera suficiente o no el material probatorio reunido en la instrucción (testimoniales, reconocimientos de centros de detención y demás) y por otro para realizar o no audiencias orales y públicas que, a pesar de ser un proceso escrito, para esa instancia sí están previstas en el viejo código procesal que se aplica en la causa.
La realización de audiencias públicas implicaría la posibilidad de visibilizar hacia la sociedad el horror de los crímenes de lesa humanidad, contado por las propias víctimas. Pero también implicaría extender el juicio en el tiempo. Llegado el momento, el juez deberá resolver sobre ambos temas y luego sí dictar sentencia, algo que los más optimistas prevén para octubre.
Esta causa reúne los casos de 70 víctimas de delitos como desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, reducciones a la servidumbre y otros tantos, considerados de lesa humanidad. Existe expectativa por saber si, al final del juicio, esos crímenes serán enmarcados en la figura del genocidio, como ha ocurrido en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Además de la definición sobre el estado de salud de Armocida –ex jefe de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos– hay otros incidentes pendientes de resolución. El más nuevo es el planteado por Jorge Humberto Appiani, quien luego de que la Corte le rechazara recientemente la excarcelación, volvió a pedir el mismo beneficio pero argumentando una nueva causal: el hecho de haber pasado ya dos años con prisión preventiva sin condena.
Appiani fue detenido el 5 de junio de 2009 y desde entonces ha estado recluido en la Unidad Penal 1 de Paraná. Aunque la defensa se ampara en la normativa que fija el límite de dos años, la ley también especifica que este plazo se puede extender según la complejidad de la causa. Sobre el tema se tienen que pronunciar los fiscales Silva y Candioti antes de que se expida el juez.
Otro asunto pendiente relacionado con la causa es la solicitud de excarcelación de Carlos Horacio Zapata, ex oficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Este recurso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia desde el 16 de junio de 2010.
De todos modos, ninguno de los planteos tiene efecto suspensivo sobre el desarrollo del juicio.
