Al cabo de una semana de alegato, Namer consideró probado el pago de sobornos a ex senadores peronistas a cambio de votar la Ley de Flexibilización Laboral en abril del 2000, pero declinó formular acusación penal contra el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, sobre quien pidió su sobreseimiento por no considerar probada su participación en la maniobra.
Durante el alegato del Ministerio Público se dieron por probados los dichos del arrepentido ex secretario parlamentario respecto de sus visitas a la SIDE en reiteradas ocasiones, entre ellas el día en que se presentaron las primeras denuncias judiciales por el pago de sobornos en el Senado, el 22 de agosto de 2000.
Por otra parte, la fiscal acusó al exsecretario de Inteligencia del gobierno de la Alianza, Fernando De Santibañes, de mentir «deliberadamente». «Nos mintió y corresponde a los jueces asignar un sentido a esta mentira», advirtió en el último día de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 3.
En cuanto a Alasino, la parte acusatoria consideró que fue a la casa de otro ex senador, Emilio Cantarero, la noche en que se aprobó la ley de Reforma Laboral en abril de 2000 para recibir su parte del soborno. «Nada de lo que dijo Alasino resulta sostenible», se argumentó en referencia a su coartada para aquel día, el 26 de abril de 2000.
También se dio por probado que al día siguiente, el 27 a la mañana, Pontaquarto entregó al fallecido senador radical José Genoud en su despacho del Congreso los 700.000 pesos que le correspondieron por haber sido el artífice de la maniobra del pago de los sobornos a los legisladores del PJ. Y, de hecho, se dio por probado también que otro de los procesados, el ex senador Remo Constanzo, pidió a Pontaquarto «un adelanto» del soborno antes de la aprobación de la ley «aduciendo que tenía que cubrir un descubierto en una cuenta bancaria», como relató después el arrepentido, y tal como corroboró la Justicia.
