Según la información aportada por el sitio Análisis digital, en una prolongada jornada de alegatos, la fiscal Lacorazza entendió que hubo una “connivencia dolosa” entre Rico, Bría y Protti por lo que aseguró que efectivamente existió una defraudación al Estado provincial por 18.000 pesos. La fiscal entendió que no hubo una contraprestación por el dinero emitido por la Compañía Entrerriana de Gas S.A., ya que las pruebas sobre la existencia de los elementos de merchandising, fotos de actos donde aparecen niños con remeras y gorritos, no certifican que hubieran existido.
El argumento del abogado defensor de Rico y Bría, Ignacio Díaz, entendió que los capitales emitidos por la Compañía Entrerriana de Gas S.A no eran propiedad del Estado provincial sino privado, ya que la Compañía se rige por la ley de Sociedad Anónima, con participación del Estado provincial. Díaz entendió que si hubiera habido un perjuicio, quien tendría que haber puesto reparos era un tercero: la empresa ejecutora de la obra.
Entonces, si los dineros no eran públicos, nunca podría existir una “defraudación al Estado”. El abogado, luego sostuvo que no se trató de un engaño o de una empresa fantasma, con relación a la del publicista Protti. “En 1994 consta que Protti se inscribió como publicista”, expresó.
Luego de asegurar que los trabajos se hicieron, Diaz pidió la absolución de sus defendidos y que se deje a salvo “el buen nombre y honor” de ambos.
Por su parte, el defensor de Protti, Raúl Barrandeguy, se valió de dos argumentos principales para pedir la absolución de su defendido. En primer lugar, que efectivamente realizó los trabajos de promoción del Gasoducto, tal cual las fotos presentadas, y un informe del ex secretario de Energía durante la segunda Gobernación de Sergio Montiel, Juan Carlos Izaguirre, quien por escrito certificó que en la Secretaría se encontraron gorros, banderas y un cartel.
En segundo lugar, sostuvo que las facturas emitidas por Protti no son falsas sino que tiene errores groseros que luego fueron corregidos.
Finalmente, refutó lo anteriormente dicho por la fiscal quien había asegurado que se trataban de fondos públicos porque era un ente autárquico, a lo que Barrandeguy dijo que para la creación de un ente autárquico se necesita de una ley, como el caso del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) o el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV).
El lunes 19, el Tribunal conformado por Felipe Celli, Juan Ascúa y Juan Sobrero dará a conocer el fallo.
