A nivel provincial, la declaración de la emergencia sirve para que los impuestos inmobiliarios o automotores a los productores puedan ser prorrogados hasta el año próximo. “No son condonados ni nada: son prorrogados”, explicó Mover. No obstante, aclaró que se trata de un beneficio “a medias” porque las obligaciones tributarias se acumulan para el año próximo.
Según lo publicado por la página web de la Fecier, la Ley de Emergencia comprende a 1.940 productores, contemplando beneficios crediticios e impositivos para los mismos, la suspensión de los juicios y procedimientos administrativos vencidos y por cobrar hasta 90 días después de finalizada la emergencia y prorroga el pago del impuesto a las ganancias.
Sin embargo, lo más importante para los productores es que la declaración le abre la puerta a la posibilidad de gestionar créditos blandos. A través del CFI, la Federación gestiona un crédito a sola firma, con una tasa de interés del 5,5 %, con un año de gracia y tres años para pagarlo. “Son los beneficios que nos dan la declaración de emergencia”, expresó. Actualmente, la Provincia les otorgará un subsidio de $ 500.000.
La declaración de la emergencia se debe a los perjuicios que soportó el sector durante el último invierno por las heladas y las bajas temperaturas. Durante el mes de julio, por tres días consecutivos, las plantaciones soportaron temperaturas inferiores a -2º C por un período superior a doce horas diarias, ocasionando primero la pérdida de calidad y luego la caída de los frutos. Esto produjo una disminución de la oferta local y la imposibilidad de cumplir con algunos compromisos externos.
La Fecier también procura que la Provincia trabaje para que se declare la emergencia a nivel nacional. En ese caso, podrían solicitar mayor asistencia financiera. “Los años pasados, cuando tuvimos problemas con las lluvias, logramos $ 1.500.000 y se lo destinó a insumos”, señaló Mover.
El mecanismo para distribuirlo entre los productores se basa en la cantidad de hectáreas que posea cada uno. “Que sea el productor que menos (has.) tiene porque por ahí a veces no tiene posibilidades de tomar créditos bancarios”, indicó. Por ejemplo, se tomó como parámetro a los propietarios de campos que no superaban las 30 has. “Se le entregó un cobre parcialmente subsidiado porque una bolsa de cobre que valía $ 250 la pagó $ 70”, señaló. En otra oportunidad, cuando cayó granizo en Chajarí, los productores solicitaron préstamos de ese mismo fondo. “Algunos devolvieron, y otros todavía no”, indicó.
La entidad que agrupa a los citricultores de la región aguarda a que las nuevas autoridades -tanto el Gobernador como el Secretario de la Producción- le concedan una audiencia. La intención es plantearle “estas situaciones y para seguir llevando adelante las gestiones que quedaron inconclusas”. Es que el subsidio de $ 500.000 aún no lo han obtenido, aunque Mover dijo que: “el ok ya lo tenemos”.
Entre Ríos es la primera productora y exportadora de naranjas y mandarinas con 600.000 toneladas de las 3.000.000 que produce el País, cuyo principal destino es la Comunidad Económica Europea y Rusia. La citricultura constituye también la principal economía regional de la Provincia y ocupa en forma directa e indirecta aproximadamente 25.000 personas que trabajan en 42.000 has plantadas, el 25 % de la superficie nacional con cítricos (145.000 hectáreas); tres fábricas de jugos y ocho plantas de empaque.
