Uno de los argumentos esgrimidos por Heredia es que Otranto no puede realizar una investigación donde él mismo estaría implicado. El razonamiento de la querella es el siguiente: la desaparición forzada de Santiago Maldonado ocurre luego del ingreso de Gendarmería a la Pu Lof, que se ocasionó como resultado de la orden de Otranto de despejar la Ruta Nacional 40.
Otro de los argumentos es la falta de voluntad para realizar una investigación en profundidad, sobre todo en la responsabilidad que le cabría en el operativo a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Heredia cita una nota periodística donde Otranto reconoce que estuvo reunido con Noceti para “evaluar la situación” y, ante la consulta de si lo llamaría a declarar, el juez respondió que no pensaba hacerlo.
Además, la querella solicitó la unificación de los dos expedientes (desaparición forzada y el Habeas Corpus) y que la investigación sea reasumida por el juez que, eventualmente, reemplace a Otranto. Ahora, el magistrado deberá decidir si se aparta o no. En caso de rechazar la recusación, deberá intervenir la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Según indicaron a este diario fuentes con acceso al expediente, la querella podría solicitar incluso un recurso de excepción ante la Corte. Por lo pronto, Otranto ordenó ayer realizar una reconstrucción de los hechos ocurridos el 1 de agosto.
El pedido de apartamiento ocurrió el mismo día en que ingresaron al expediente las pericias realizadas sobre 70 teléfonos secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo (aunque todavía no está clara la cantidad de los efectivos que estuvieron en la Lof y sobre la Ruta 40, ya que los libros de los distintos escuadrones son inconsistentes). De los teléfonos de los gendarmes podrían surgir videos o fotos tomadas durante el operativo y también ser claves para determinar quiénes estuvieron cerca (o no) del teléfono que pertenecía a Maldonado y que el 2 de agosto recibió una llamada de Ariel Garzi, amigo de Santiago. Ese llamado se efectuó a una línea con característica de Chile, y según la información remitida por Otranto al defensor oficial Fernando Machado, las autoridades chilenas no enviaron ninguna información hasta el momento.
