La ex funcionaria presentó una nota a través de su abogado excusándose de acudir ante el magistrado por encontrarse en Washington. De esta forma, el juez deberá fijar una nueva fecha para la indagatoria de la ex ministro bustista.
Por su parte, Hugo Musto, quien estaba a cargo del depósito donde estaban los alimentos y fue responsabilizado por la ex funcionaria, confirmó que se presentará mañana a las 8 a prestar declaración indagatoria.
La denuncia había sido presentada por el diputado provincial Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) y está caratulada como “Lopez, Graciela Delia s/Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público”.
La encargada de la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Inés Ghiggi, ratificó que Degani no se presentó a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 6, aunque dijo desconocer los motivos.
Por su parte, Hugo Musto, el empleado encargado del depósito donde se hallaban guardados los alimentos, a quien había responsabilizado Degani, confirmó que se presentará mañana a las 8 a prestar declaración indagatoria ante el juez Maldonado, pero también se excusó de brindar declaraciones fuera del marco de la citación expresando que “no me interesa lo que realiza la doctora Degani porque estoy en mi sitio de trabajo y desconozco los motivos por los cuales no se presentó a la indagatoria”.
También, indicó que “en diciembre cerré una puerta y voy a seguir manteniendo esta actitud de silencio, mientras continúo realizando mis actividades normales en mi puesto de trabajo”.
Oportunamente el juzgado del doctor Gustavo Maldonado había requerido al Tribunal de Cuentas de la provincia, mediante el Oficio Número 1.280, que informara sobre la situación del almacenamiento de las mercaderías depositada, pedido que fue viabilizado a través del Oficio Número 233 el 12 de julio de 2005.
La quema
La noticia del escándalo, que le costó el cargo a la ex ministro, tomo difusión pública a partir de un alerta sobre una densa humareda en la zona de los Cuarteles y que derivó en una información en la que se indicaba que el gobierno había incinerado alimentos vencidos.
Esa semana, la ministro Graciela Degani confirmó que se habían quemado unas cinco toneladas de mercadería, una parte vencida, la otra en mal estado por un almacenaje inadecuado. Fideos, dulce de membrillo, harina y cacao figuran entre lo que se habría perdido. La funcionaria consideró que la decisión de haberse deshecho de esos productos fue la correcta, mientras confirmaba que el responsable del depósito había sido desplazado y se sustanciaba una investigación interna.
Al poco tiempo otra sorpresa del mismo tenor asombraría a la ciudadanía: tres toneladas de harina vencida habían sido entregadas por el gobernador Jorge Busti en La Paz y por su esposa, en un barrio de Paraná. Cristina Cremer reveló que sabía que se trataba de paquetes vencidos pero que explicó que hicieron una prueba con un maestro panadero en el Instituto de la Discapacidad y llegaron a la conclusión de que la harina era apta como materia prima para alimentos que no necesitaran leudarse: pizzas, tartas, tortas fritas, torrejas, etcétera.
Cremer explicó que las entidades que recibieron la mercadería de la discordia estaban al tanto de sus facultades afectadas. A pocas horas, el gobernador Busti asumió públicamente “toda la responsabilidad”, reconoció que fue un “error” haber dejado vencer la mercadería y le ofreció al defensor del Pueblo de Paraná, Jorge Kerz, que se haga cargo de la coordinación general de programas sociales.
Además, mediante Decreto Número 3.452 se dispuso una investigación a cargo de la Fiscalía de Estado, la que no dio hasta el momento indicios de interés para dilucidar las responsabilidades del caso. En tanto, en la Legislatura, la oposición reclamaba la presencia de Degani para una interpelación y a los pocos días el diputado Fernández presentaba la denuncia por la fue citada a prestar declaración indagatoria la ex funcionaria provincial.
La causa
La causa judicial se inició el 11 de julio de 2005, un mes después de que tomara estado público el escándalo por la quema de alimentos destinados a los más necesitados. La primera presentación fue realizada por los diputados provinciales Osvaldo Fernández y Lucy Grimalt (La Red-Paraná) y recayó en el Juzgado de Instrucción Número 6 -entonces a cargo de Héctor Toloy-, con la carátula “López, Graciela Delia – Musto, Hugo Alberto s/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”.
“Estamos como querellantes y asistiendo a todas las audiencias que se están llevando adelante, y esta decisión la tomamos una vez que el juez comenzó con las testimoniales y se formuló el requerimiento de instrucción formal”, dijo oportunamente Luis Pedemonte, titular de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública.
Uno de los que ya pasó por el despacho del juez Maldonado es el actual presidente del Consejo General de Educación (CGE), Jorge Kerz, quien entre diciembre y noviembre de 2005 ocupara el cargo de coordinador de Ejecución y Control de Políticas Sociales, designación dispuesta por el gobernador Busti como fusible en medio de la extrema presión que le generó a su gobierno el escándalo de la quema de los alimentos.
Las testimoniales ocurren un año después de la quema de alimentos en mal estado, unas 45 toneladas según los cálculos extraoficiales que se conocieron a mediados de 2005. Primero fueron cinco toneladas que se incineraron, y luego 40 toneladas más.
Una parte de esos alimentos fue incinerada, y otra enterradas en lugares de la provincia, luego de que los organismos de control certificaran que no estaban aptos para el consumo humano. Pero la única reacción oficial inmediata fue la separación de su cargo del responsable del depósito, Hugo Musto. “Tomamos esta determinación de quemar la mercadería, que nos duele muchísimo, porque no queríamos llevarla a algún lugar y enterrarla, porque temíamos que la gente la desentierre, y la puedan llegar a recuperar y a ingerir”, dijo Degani entonces, mientras conservaba su puesto.
