Según las autoridades de la DGR Entre Ríos hay una maniobra evidente cuando la empresa tiene su asiento físico en esta provincia, donde tiene la mayor inversión en personal e infraestructura, y su domicilio legal en la provincia de Jujuy, donde cuenta con escasa superficie declarada y pocos trabajadores.
La empresa apeló dos veces el dictamen, la última vez el 29 de noviembre último, y aunque ambos pedidos fueron rechazados, no pagó lo adeudado ni gestionó el cambio de su domicilio legal.
La DGR de Entre Ríos acreditó ante la justicia que «sin lugar a dudas, esta postura -la de la empresa- es falsa, carente de fundamento e insuficiente» a los efectos de avalar su recurso de apelación.
«La Dirección en su accionar fiscalizador comprobó en forma fehaciente que la empresa no posee la guarda habitual de sus dominios en al provincia de Jujuy, para lo cual esta Dirección requirió a la firma listados de servicios constatándose que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) habilitó 60 rutas en todo el país y ninguna de ellas tiene destino final en la provincia de Jujuy».
El gobierno provincial también verificó posteriormente que del total de 275 unidades con que cuenta la firma, unas 185 se transfirieron desde Entre Ríos a una localidad de Jujuy, mientras que 79 están radicadas directamente allí.
De las planillas de personal de la firma se verificó que poseía 202 empleados que trabajan en la provincia de Entre Ríos y diez en la provincia de Jujuy.
Otras fuentes corroboraron que los diez empleados de Jujuy son conductores de colectivos y que 85 empleados declarados en Entre Ríos tienen tareas relacionadas con labores que hacen al mantenimiento de los colectivos.
Las dimensiones físicas del único local habilitado en la provincia de Jujuy para el desarrollo de la actividad, en calle Dorrego 362, es de 405 metros cuadrados.
Las fuentes aseguraron que no existe otro tipo de inmueble que permita la guarda habitual y permanente de las unidades radicadas en esa provincia norteña.
Es por esto que Rentas de Entre Ríos procedió a liquidar la deuda en función al alta dada a los automotores, e instruyó sumario por presunta defraudación, al entender el fisco que el contribuyente debió tributar el impuesto automotor en esta provincia.
No es ésta la única vez que la firma Derudder Hermanos, propietaria de Flecha Bus, enfrenta un proceso judicial, aunque sí la primera en que se le comprobó un comportamiento fuera de la ley.
Durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) esta firma fue investigada por presunto lavado de dinero, a través de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción, que dependía del entonces presidente Fernando de la Rúa, y a partir, entre otras circunstancias, de denuncias de la diputada del ARI Elisa Carrió.
