La empresa de Juan José Luna, alias “Mugriti”, nuevamente contratada por el gobierno provincial

Luna es uno de los imputados en la causa que fue elevada a juicio oral por la Sala Penal de Concordia que luego suspendiera la fecha de inicio y permitiera que sus imputados gozaran de libertad.
Ramírez confirmó que la empresa es una de beneficiarias de la licitación para trabajos de limpieza de cañerías, frentes y tareas de pintura, así mismo el titular de Arquitectura zonal aseguró si dicha empresa » realizó trabajos en rutas o si los hace ahora para el municipio». Ramírez manifestó que sólo hace «dos meses y medio o tres que asumí.»
El funcionario comentó que en la oportunidad de la entrevista venía «de un recorrido por escuelas de la zona en compañía del Ingeniero Enrique Renaud «, titular de la repartición provincial, y confirmó los nombres de algunas de las empresas que fueron invitadas para los 12 cotejos de precios que se realizarán este viernes para la reparación de establecimientos educativos; entre ellas aparecen las empresas Conea, Jorge Peréz, Albani, Alarcón, Codi, Zato, Auré y Coinar, ésta última resultó adjudicataria en la licitación de las obras de iluminación que finalmente se inauguraron el 10 de agosto del 2004, en la intersección de las rutas 2 y 127 de Los Conquistadores.

Resumen

Aunque aún no ha fijado fecha, la Cámara del crimen de Concordia someterá a juicio oral a los ya procesados, Antonio Alalí, Luis Alberto Goy y Juan José Luna (Mugriti). Los tres están procesados por malversación de fondos públicos, por la no realización de las obras de iluminación en el cruce de las rutas 2 y 127, en la localidad de Los Conquistadores, donde el 27 de octubre del año pasado, en un accidente automovilístico, murieron 17 personas. El hecho ocurrió cuando un colectivo explotó después de chocar contra un camión cargado de garrafas. Luna es el titular de la firma Hidrolex, que tenía que hacer las obras de iluminación, que no las hizo y ahora es nuevamente contratada por el gobierno provincial.
Por su parte, Alalì habría actuado como administrador financiero de la empresa, en tanto Goy era en ese momento vocal del IAPV.
Finalmente la obra fue concretada en agosto del año pasado, con fondos aportados por la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande.

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