Días atrás tomó estado público un caso de maltrato en una residencia privada de la ciudad de Chajarí, que estaba funcionando sin la correspondiente habilitación, y el sábado pasado el Municipio local tomó intervención en otro caso similar donde se constató la falta de habilitación comercial. En este marco la Municipalidad de Chajarí procedió a clausurar ambos establecimientos y a reubicar a las personas allí alojadas junto con sus familiares o en otros espacios.
Ambas situaciones dejaron al descubierto una serie de falencias en el control que realiza el Estado Provincial, en el marco de lo que establece la Ley N°9823 aprobada en 2007, ya que el artículo 4° de esta norma establece que las instituciones y/o servicios gerontológicos deben ser habilitados, controlados y supervisados el Ministerio de Acción Social de la Provincia en conjunto con la Secretaría de Salud provincial.
En virtud de las situaciones descritas la legisladora presentará en la Cámara de Diputados un pedido de informes, encuadrado en el artículo N°117 de la Constitución Provincial, por intermedio del cual quiere saber qué cantidad de inspectores tiene la provincia para realizar estos controles, con que frecuencia los realizan y qué mecanismos poseen ante posibles denuncias. Lena además solicita que se informe sobre la existencia de convenios para delegar este control en las Municipalidades.
