La iniciativa, según una gacetilla enviada a este diario y con escasas precisiones, dice que cuenta con “36 artículos, legisla con relación a todo anuncio, aviso o comunicación, efectuado a través de cualquier medio de comunicación y en cualquier soporte, originado, promovido o contratado bajo cualquier modalidad por la administración central, Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, organismos descentralizados, entes autárquicos y todo otro organismo dependiente del Poder Ejecutivo, empresas y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por el Estado”.
El proyecto define a la publicidad oficial en función de determinados objetivos y también aquellas materias para las que no se podrá promover publicidad oficial. Por ejemplo, en el primer caso, se incluyen programas, servicios e iniciativas que efectivamente estén disponibles para los habitantes; y en el segundo, logros de gestión.
La autoridad de aplicación será la Dirección General de Información Pública, a la que, entre otras responsabilidades se le asigna elaborar un “plan anual de publicidad oficial” que deberá elevar a la Legislatura. Además, deberá enviar a la Legislatura un informe semestral de ejecución.
En otro orden, dispone la creación de un Registro Oficial Público de Medios Publicitarios, que será confeccionado y actualizado por la autoridad de aplicación.
También contempla la creación de una Comisión Bicameral para el control de la publicidad oficial, constituida por diputados, senadores, sectores académicos, profesionales y gremiales relacionados con la actividad.
Los procedimientos para contratar y distribuir información también forman parte del proyecto en el que, un capítulo establece limitaciones a la contratación de publicidad oficial durante los procesos electorales.
La diputada D´Angelo expresó que con la iniciativa pretende “remedar la ausencia de un marco normativo que regule las cuestiones relacionadas con la publicidad oficial. Sabemos que resulta extremadamente difícil establecer un sistema de contralor para evitar los excesos que frecuentemente se observan en la administración de los fondos destinados a la elaboración y difusión de material comunicacional. Sin embargo, estoy convencida de la enorme importancia de una política comunicacional que fortalezca la forma republicana de gobierno, fijando criterios que limiten cualquier tipo de discrecionalidad en el manejo de la pauta oficial y principios que garanticen pluralidad, equidad y transparencia».
