De forma habitual, la Defensoría del Pueblo recibe reclamos de afiliados relacionados a prestaciones del Iosper y, si bien no posee competencia para intervenir ante organismos de jurisdicción provincial, la institución mantiene una vía fluida de comunicación con el Instituto de la Obra Social, lo que permite arribar a respuestas y soluciones favorables a los ciudadanos.
El trabajo conjunto comprende reuniones periódicas con integrantes de la presidencia del directorio del Instituto, ámbito en el que los directivos “manifiestan y demuestran con datos concretos cómo afecta al cumplimiento de las prestaciones el incremento de los valores de las mismas”, mientras que aseguran que los ingresos en concepto de aportes se mantienen en niveles históricos, siendo los más bajos del país.
En ese sentido, se hizo hincapié en que mientras que otras obras sociales provinciales triplican las alícuotas en concepto de aportes en relación a Iosper, las prestaciones médicas y sus costos son uniformes en todo el país, por aplicación del nomenclador nacional (Resolución del Ministerio de Salud de la Nación).
Esa realidad, considerada por la conducción del Iosper un desfase progresivo entre los ingresos y los costos de las prestaciones, constituye un argumento de peso toda vez que esta institución presenta los reclamos de ciudadanos paranaenses, aportante de la obra social, que sienten vulnerado su derecho a la salud.
Ante ello, y en vista de la necesidad de resguardar el derecho de los 250 mil afiliados -entre los que cuentan los empleados activos y pasivos del Municipio de Paraná- y de preservar la obra social provincial cuyo principio básico de constitución es la solidaridad entre sus aportantes, es que la Defensoría del Pueblo de Paraná solicitó la "intervención en carácter de urgente" del Ejecutivo provincial.
La nota fue elevada en la última semana de diciembre y lleva la firma del Defensor del Pueblo, Luis Garay.
