«Esto implica sepultar bajo el agua kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá», señaló el adjunto de la Defensoría, Anselmo Sella, en un informe de febrero de este año.
El informe dice que pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera «implica cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales”.
«Decir esto es hablar de identidad cultural, del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región», fundamentó la Defensoría nacional en el escrito.
Sella señaló que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
Agregó oportunamente que siendo que los principales estudios de impacto se han centrado preferentemente en lo económico pero muy pobremente en lo social, se acerca este informe para conocimiento de la Legislatura correntina.
El funcionario, consideró importante que «al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia de Corrientes».
Diversas organizaciones ambientalistas se oponen a la creación de la represa por diversas razones. Cuando la Defensoría presentó este informe, el titular de la Fundación Iberá, Enruique Lacour, afirmó a Télam que «lo que pretenden hacer es muy grave, la apropiación de un bien público por parte de empresas privadas es indisimulable”.
