José Ostolaza y su socio Pablo Sotelo llevarán a la Cámara de Casación los argumentos que esbozó la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, María Angélica Pivas, y tratarán de revertir la situación de su defendida para que finalmente logre abandonar la reclusión y esperar el inicio del juicio oral bajo un arresto domiciliario.
Lo que se pondrá a consideración serán solamente los fundamentos de Pivas y no lo que primeramente fundó el Juez de garantías de Gualeguaychú, Mario Figueroa. El problema que se presenta ahora es que posiblemente el órgano de alzada resuelva el planteo en más de 30 días y el próximo 4 de marzo vencen los 60 días de prisión preventiva que el Juez de Garantías subrogante, Guillermo Biré, le impuso a Nahir Galarza a principios de enero. Por lo tanto, se decidirá primeramente la prórroga de la prisión preventiva antes que falle Casación.
Un caso similar ocurrió con Juan Diego Escobar Gaviria, el sacerdote colombiano que fue condenado a principios de septiembre a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, convirtiéndose en un fallo histórico por ser la primera condena a un cura pedófilo en Entre Ríos.
Pero la similitud de este caso con la situación de Nahir Galarza radica en que el sacerdote antes de llegar a juicio permaneció con prisión preventiva durante varios meses. Sus abogados, luego que le negaron la excarcelación en Gualeguay, recurrieron a Casación y los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti resolvieron el recurso a los 60 días.
De repetirse la situación en el mediático caso de Nahir Galarza, los tiempos que estaban previstos para cerrar la investigación, se podrían dilatar. En un principio se especulaba que en febrero se podía cerrar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y solicitar la audiencia de elevación a juicio, pero tras los movimientos en la defensa de la acusada se estimó que todo se pospondría para marzo. Ahora, con estas nuevas estrategias, el caso se seguiría dilatando.
