Sin duda, una de las características más novedosas de la economía mundial en las últimas décadas es la enorme magnitud de los movimientos internacionales de capitales privados que muchos han señalado como el rasgo principal de ese fenómeno llamado “globalización”. Y, obligadamente, el mismo ha sido cuestión de estudio y debate de los economistas.
Mucho se ha escrito, por ejemplo, sobre las causas históricas de este fenómeno con teorías que van de un determinismo tecnológico, asociado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a otras que ponen el acento en las pujas entre las potencias por imponer su hegemonía en los mercados financieros.
Otro de los puntos más debatidos es la inestabilidad que genera, sobre las monedas y las economías, la posibilidad de que miles de millones de dólares se movilicen en un abrir y cerrar de ojos. El fenómeno es de suma importancia, lo que puede ilustrarse con algunos datos. Si entre 1949 y 1971, período de baja movilidad de capitales, se registraron 21 crisis financieras en el centro y 17 en la periferia; entre 1973 y 1997, período de alta movilidad, las crisis en el centro suman 44 y en la periferia 95.
Sin embargo, muy poco se ha estudiado el impacto de la libre movilidad de los capitales sobre la propiedad de las empresas. Nuestra tesis, que será brevemente expuesta para el caso de la economía argentina, es que la apertura de la cuenta de capitales tiende a concentrar la propiedad de las empresas a nivel mundial en las grandes corporaciones multinacionales. Este fenómeno en países como el nuestro significa la extranjerización de la propiedad de su aparato productivo.
Las razones son las mismas que explican la tendencia a la concentración del capital asociadas al funcionamiento de los mercados financieros privados en una economía nacional. Como prestar a una gran empresa es menos riesgoso para el financista que hacerlo a una pequeña -porque tiene mayores garantías, implica menores costos de seguimiento, etc.- los préstamos privados tienden a concentrarse en las grandes empresas. De la misma manera, con la apertura e integración de los mercados financieros mundiales, los préstamos mundiales han tendido a concentrarse en las grandes corporaciones trasnacionales.
El impacto de este fenómeno en la economía argentina puede visualizarse al estudiar la Posición de la Inversión Internacional que informa el INDEC para el 2008. La Argentina, un país con un alto endeudamiento externo y donde su cúpula empresarial es básicamente propiedad de extranjeros, es acreedora neta del resto del mundo en 58.536 millones de dólares. Esto significa que históricamente producimos más de lo que gastamos, financiando -en términos de ahorro real- el exceso de gasto del resto del mundo. La aparente paradoja se resuelve cuando vemos que el dinero de los argentinos en el exterior, lo que se conoce como “fuga de capitales”, representa unos 138.992 millones de dólares. Esto significa que mientras nuestros ahorros salen del sistema monetario nacional, en la forma de dólares en el colchón, depósitos en bancos del exterior y otros activos en divisas, reingresan en una cuantía menor en la forma de Citibank o la Barrick Gold Corporation.
La magnitud de la extranjerización del aparato productivo argentino y su evolución en los últimos años, puede estudiarse a partir de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC, que cubre las mayores 500 empresas del país (exceptuando a las agropecuarias) desde 1993 hasta el presente. Como puede observarse en el gráfico 1, si en 1993, 219 empresas de la cúpula eran extranjeras (un 44%), en el 2003 lo eran 340 (68%) y en el 2007, último dato disponible, 330 (66%). Pero, las extranjeras son las mayores empresas de la cúpula, lo que se evidencia cuando se estudia la distribución del valor agregado bruto (VAB) de la cúpula entre las extranjeras y nacionales (gráfico 2). Las extranjeras concentran el 62% del VAB en 1993, el 86% en el 2003 y el 84% para el 2007.
La penetración del capital extranjero en la Argentina ha sido favorecida, adicionalmente, por la ausencia de regulaciones. La ley 21.382 de inversiones extranjeras, que rige actualmente, proviene de los tiempos de la última dictadura militar y está signada por el pensamiento económico de su progenitor, José Alfredo Martínez de Hoz. Con su sanción se descartaron reglamentaciones como ser la prohibición de inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos, cuestiones ambientales y de derechos laborales, obligaciones para el derrame del conocimiento tecnológico en el país y restricciones para el giro de utilidades, dividendos o amortizaciones de capital. Por otro lado, le permite a las empresas extranjeras fondearse en el mercado financiero nacional, al tempo que proclama una ficticia independencia jurídica entre la sucursal en el país y su casa matriz. También se eliminó una regla básica para la viabilidad económica nacional que se encontraba en la legislación previa: la inversión debía desarrollar exportaciones o sustituir importaciones en forma tal que financie, en términos de divisas, las utilidades, dividendos, amortizaciones e importaciones directas e indirectas, que genere.
Este marco regulatorio pro capital extranjero, fue reforzado durante los noventa con la firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la adhesión al convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal que funciona en el Banco Mundial y falla sistemáticamente a favor de las empresas y en contra de los Estados. Los TBI tienen reglamentaciones similares a las de la ley de inversiones extranjeras de 1976, pero le agregan la posibilidad de que ante una disputa entre la empresa y el Estado nacional se recurra al CIADI. Si bien esta renuncia a la soberanía jurídica era anticonstitucional, la reforma de 1994 al elevar los convenios internacionales a un rango similar al constitucional, generó una situación jurídica ambigua.
Nuestro país tiene 29 pleitos pendientes en el CIADI y algunas sentencias millonarias en contra que, sin embargo, todavía no ha abonado. La posición del gobierno nacional es que va a pagar sólo cuando la justicia argentina lo intime a ello. Igualmente, numerosas demandas ante el CIADI se han resuelto mediante negociaciones directas con las empresas. En los hechos, ese tribunal se ha constituido en un elemento de presión empresarial para negociar en condiciones más favorables revalúo de tarifas, subsidios, políticas de precios, etc.
La mayor parte de los TBI, alrededor de 50 de los 57 firmados, se encuentran vencidos. Sin embargo, siguen vigentes debido a una cláusula de renovación automática que señala que para terminar con el tratado, el Congreso debe denunciarlos. Su denuncia, junto a la del convenio del CIADI, podría ser el comienzo de la construcción de una relación menos vergonzosa de la Argentina con el capital extranjero. Los vaivenes de la política nacional, recambio de diputados y senadores mediante, tendrán la última palabra al respecto.
Fuente: BAE
