La propuesta es de un 23 % de aumento que, mediante un porcentaje acumulativo, se iría a un 24,5 %, acotó Pérez. El sueldo mínimo de bolsillo quedaría en $ 12.000. Pérez rescató ese punto: de $ 9.050 pasó a $ 12.000. “Es un aumento salarial de un 32 %, casi 33 %”, acotó.
No obstante, lo que cuestionaron es que para el personal con antigüedad la propuesta consiste en un 24 % de incremento salarial. En consecuencia, se produce un achatamiento salarial en el escalafón de los estatales.
Más adelante, Pérez dijo que UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) no quiere firmar el acta por el episodio ocurrido en el hospital de Diamante que finalizó con algunos dirigentes de ese gremio detenidos. El sindicato mencionado no quiere rubricar nada hasta que sean liberados. Pero Pérez dijo que ese no era obstáculo para otorgar el aumento. Como ejemplo, citó que en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió un 18 % de aumento sólo lo firmó UPCN. En Capital Federal sucedió algo similar: se otorgó un 20 % de incremento y sólo lo signó UPCN. “Acá se da a la inversa. Ate firma y ellos no firman. No tiene porque no darse el aumento”, dijo.
Asimismo, Pérez indicó que no entiende las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet. “Si hay una mayoría se tiene que pagar el aumento. Si ya hubo aumento por decreto y se pagó, sin el acuerdo de ninguno de los dos gremios, cuando fue un 6 % y un 3 %, que fue un 9 %. Y ahora este aumento que es del 10 % para agosto y van a estar dos meses para firmar el acta, es una barbaridad. Creo que el Ejecutivo primero tiene que pensar en los trabajadores. Creo que no hay motivos para no pagarlo al aumento”, dijo.
