Alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles se leyó el adelanto de sentencia del juez Leandro Ríos en la megacausa Área Paraná, en la que se investigaron delitos de lesa humanidad contra más de 50 víctimas, cinco de ellas desaparecidas.
Estuvieron presentes a la espera de la condena sobre calle 25 de Mayo compañeros de la Comisión Directiva de CTA, su secretario general, Luis Gálligo; el secretario general de AGMER, Fabián Peccin; de SICRER, Sergio Saavedra, de la agrupación Verde y Blanca de ATE
Las condenas
Alberto Rivas recibió seis años de condena por considerarlo “partícipe secundario” por privación ilegítima de la libertad y tormentos de varias víctimas, aunque Fiscalía y Querella habían pedido 25. Lo mismo sucede con Rosa Bidinost, condenada a seis años de prisión (la Querella había pedido 25 años y la Fiscalía 15), en este caso el Tribunal ordenó su “inmediata libertad”, por haber cumplido ya su condena. En tanto, Oscar Obaid, fue condenado a tres años (la Querella había pedido 25 años y la Fiscalía ocho).
Para Jorge Appiani, recibió una condena de 18 años, aunque la Querella había pedido prisión perpetua y la Fiscalía 25 años. La pena vencerá el 4 de junio de 2027.
José Anselmo Appelhans fue condenado a 14 años, mientras los querellantes y los fiscales habían peticionado 25 años de prisión. El condenado cumplirá sentencia el 4 de junio de 2023.
El médico Hugo Moyano fue sentenciado a ocho años, que vencen el 4 de junio de 2017. En este caso la Querella había pedido 25 años de prisión y la Fiscalía 18.
El único que fue condenado conforme a lo pedido por Qurella y Fiscalía fue Cosme Demonte quién recibió la máxima pena de prisión perpetua.
Con excepción de este último caso, los abogados querellantes representantes de los familiares de las víctimas del terrorismo de estado, presentaran apelaciones cuando el sistema judicial habilite esa instancia.
La sentencia, si bien dejó claramente establecido que los delitos de lesa humanidad ocurrieron y así quedó demostrado y no hubo absoluciones, generó una sensación de malestar porque los familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones presentes se encontraron con sentencias que distan de las expectativas de lograr penas duras y contundentes.
Manuel Ramat, miembro de la Comisión Directiva de CTA Entre Ríos y víctima de secuestros y torturas sobre los cuales trató la causa ironizó: “cuanto más deberían habernos torturado para que podamos lograr penas que sean realmente ejemplares. Esta es la justicia que tenemos”.
En la sede del AFSCA, por una comunicación plural y la ley democrática de medios
A las 17hs de este miércoles 23 de diciembre, la CTA concurrió a la convocatoria efectuada por el AFSCA Paraná, ante una nueva embestida del gobierno nacional contra el organismo principal de aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales, más conocida como la ley de medios de la democracia que reemplazó al decreto ley de la dictadura militar que reguló los medios de comunicación en Argentina hasta el año 2010.
El gobierno que preside Mauricio Macri emitió un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que declara intervenida a la Autoridad Federal de Servicios de la Comunicación Audiovisual y la coloca de manera arbitraria bajo tutela de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
En la convocatoria paranaense, un centenar de personas cortó calle Urquiza, en inmediaciones del centro de la capital provincial, sobre la puerta de ingreso al AFSCA. Allí hizo la apertura el titular del mismo en esta ciudad, Néstor Rodríguez. Hicieron uso de la palabra el ex secretario general de ATE y miembro del espacio por una comunicación democrática, Edgardo Masarotti; el secretario gremial de CTA Entre Ríos, Leandro Pozzi; trabajadores de la comunicación, diputados nacionales y provinciales.
Como resolución de la asamblea, se acordó volver a convocarse en la sede del emprendimiento Barriletes, a las 18hs del martes 29 de diciembre, para definir aspectos programáticos y organizativos de un espacio multisectorial que se propone reimpulsar y defender políticas comunicacionales de carácter “democrático, participativo, plural y federal”, tal como quedó expresado en las distintas voces a micrófono abierto, así como el principal marco normativo que lo rige actualmente como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus organismos de aplicación.
