El hecho fue denunciado en sede policial y judicial y de la investigación a cargo de peritos surgió la certeza de que se trató “de un disparo dirigido intencionalmente”, y se descartó que se trate de “una bala perdida” o de una “casualidad”.
Palacios señaló que “la bala fue disparada a conciencia, no fue por azar ni por casualidad que me tocó a mí”. En ese sentido opinó que “suponemos que tiene que ver con lo gremial”, y agregó que “no es casual que varios hechos de violencia ocurrieran después de que ganamos las elecciones (se refiere a la elección en la Asociación de Trabajadores del Estado). Yo soy pro tesorera de la conducción electa”.
Finalmente, Palacios señaló: “Nunca tuve problemas de ningún tipo con nadie” y precisó que “antes del ataque a mi casa le pegaron al esposo de una compañera, le rompieron el vidrio del auto y le robaron un maletín a otro y le cortaron las ruedas del auto a otro compañero”.
En el documento, que se denominó “Más Impunidad Menos Democracia” se enumeraron las amenazas a la abogada Noemí Berros, a Marcela Badano cuando era jueza en el Juzgado de Instrucción Nº 3, a la agente fiscal Elisa Zilli, a la docente y presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) María Luz Piérola, a la profesora Inés Frasconá, y se recordó la desaparición de Jorge Julio López como el hecho que le dio marco a la seguidilla de actos intimidantes.
Además de repudiar “enérgicamente las agresiones” y de “reclamar una profunda y rápida intervención de la autoridades provinciales”, las organizaciones que adhirieron a los términos del documento exigieron “al gobernador todas las garantías que debe brindar la democracia a sus ciudadanos que sólo puede lograrse si se ataca de raíz la impunidad, que es el caldo de cultivo para el accionar de estos sectores antidemocráticos”.
Firmaron el documento, entre otras organizaciones CTA Paraná, ATE Nacional, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná y Provincial, Apyme y la Liga por los Derechos del Hombre.
