La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.
Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.
Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.
De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos ocurridos en la tarde del domingo en la capital brasileña.
Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.
Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.
Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
EFE.
