“El recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible. Por ello, se desestima la queja”. Así reza la sentencia del máximo Tribunal que echó por tierra las intenciones de Oscar Rovira de revertir la condena que le impuso el 8 de marzo de 2006 el titular del Juzgado Correccional Nº 2, Daniel Malatesta, tras haberlo encontrado culpable del delito de “abuso de autoridad”.
El origen del juicio contra el ex – funcionario fue en el año 2000, cuando Rovira se asignó el pago de una compensación mensual por residencia, haciendo hincapié en su calidad de jubilado, en lugar de la remuneración fijada por la ley de creación de la FIA (a la que había renunciado) y en la necesidad de mudar su domicilio desde Concordia a Paraná, así como en la imposibilidad del Estado de asignarle una vivienda sin cargo.
Tras la sentencia, Rovira expresó en diálogo con el programa A quien corresponda: “Siempre supuse que iba a ser condenado, pero uno no deja de esperar que en algún momento alguien de la justicia penal de Entre Ríos dé un paso fuera de la mediocridad y sea coherente, pero la justicia penal lo será por mucho tiempo, porque no le veo una solución. En su gran mayoría, fiscales y jueces han llegado de la mano del poder político, principalmente de la parte corrupta de los dos partidos tradicionales como la UCR y el PJ”
La FIA dejó de existir en diciembre de 2003, a los pocos días de asumir Jorge Busti su tercera gobernación. La Legislatura de aquel momento derogó la ley que la creaba. En su reemplazo, comenzó a funcionar como dependencia de la Fiscalía de Estado la Oficina Anticorrupción, que heredó las causas iniciadas por Rovira en la FIA.
Un año después de la condena impuesta por Malatesta, la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrada por aquel entonces por Miguel Carlín; Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia rechazó el recurso de casación presentado por Rovira contra el fallo de primera instancia. En julio de ese año, la queja llegó a la Corte. La defensa del ex – Fiscal estuvo a cargo de su hijo, Juan Diego. La decisión del máximo Tribunal, rubricada por Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, fue tomada el martes 14 de octubre y ese mismo día se emitieron las cédulas de notificaciones.
Fuente: APF
