Entre otros puntos, el procurador explica que “la conducta a investigar se estaría desarrollando fuera de la jurisdicción territorial argentina” y que “podrían resultar imputados funcionarios de la administración pública uruguaya, en cuanto permitieron, habilitación mediante, tales emplazamientos fabriles vulnerando normas del propio derecho interno e internacional”.
En otro punto, Righi afirma que “los extremos invocados en apoyo de la competencia originaria son, al menos, prematuros e inconsistentes”.
Recién ayer, el máximo tribunal había solicitado a Righi su opinión acerca de su competencia en la polémica por la construcción de dos plantas papeleras en Uruguay. Apenas recibido el dictamen del procurador, la Corte emitió su resolución.
La demanda había sido promovida por Busti, quien denunció por supuesta «contaminación ambiental en grado de tentativa» a las plantas de celulosa de las empresas Botnia (finlandesa) y ENCE (española).
La denuncia había sido presentada ante el juez federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrilli, quien se declaró incompetente y elevó el caso a la Corte. Ahora, tras la decisión del máximo tribunal, el caso debe volver a la justicia federal.
