En un fallo breve y unánime, el máximo tribunal le solicitó al Congreso que, a través de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que tiene a su cargo las escuchas judiciales.
Además, le requirió a Canicoba Corral que informe “si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante”.
