Además, la Corte le requirió que informe acerca de los fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en el corriente año, y la cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes.
Diego Bossio, titular del organismo de la seguridad social, aseguró a Tiempo Argentino que se responderá “en tiempo y forma” al requerimiento de la Corte. “Todavía no hemos sido notificados, pero lo vamos a contestar en el plazo previsto como corresponde, y como lo hemos hecho en otras oportunidades.”
Según datos oficiales, durante el año pasado, la ANSES liquidó 18.700 sentencias judiciales, algo más de 1500 beneficios por mes. El organismo indicó que la cantidad de expedientes en condiciones de ser liquidados se encontraba, a diciembre de 2010, en un nivel similar al del mismo mes de 2008. En diciembre de 2010, existían 13.707 sentencias listas para ser liquidadas, en tanto que en 2008 la cantidad era 12.673.
El presupuesto actual prevé que la ANSES destine este año una suma cercana a los $ 2400 millones para el pago de sentencias a los jubilados.
CONTRAPUNTO. Muchas de las sentencias contienen la doctrina de la Corte Suprema para el “Caso Badaro”, que en el año 2008 ordenó ajustar en un 88,6% la jubilación de ese caso puntual, durante el período 2002-2006, teniendo en cuenta para el incremento el Índice de Salarios que elabora mensualmente el Indec. Tal como se vio durante el debate por el 82% móvil, existen visiones contrapuestas sobre la viabilidad del sistema previsional si se generaliza esta sentencia.
En este sentido, ayer el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, juzgó como “muy importante” la decisión de la Corte Suprema, en tanto que el adjunto 1 a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, opinó que la medida permitirá a la Corte “tener un panorama exhaustivo de la situación de los reclamos”.
Por el contrario, desde la ANSES juzgaron ayer que la generalización de los casos pone en riesgo a todo el sistema previsional. “La solución de los casos particulares no puede afectar el sistema en su conjunto. Hay una política jubilatoria sumamente ambiciosa, con aumento de haberes acordados por ley todos los años, y con la incorporación de jubilados al sistema. Ningún gobierno ha hecho más por los jubilados que este, pero si prima lo particular por lo general se hace deficitario al sistema”, indicaron ayer desde el organismo.
