La ONG Cipce intervino en el caso en calidad de amicus curiae, es decir como tercero a la disputa judicial, un representante de la sociedad civil que ofrece una colaboración. Cuando el Tribunal Oral Nº 4 aceptó destinar el dinero al Garrahan, fue la primera vez en la Argentina que se había logrado la recuperación de activos en hechos de corrupción.
El Cipce, en aquel momento, argumentaba que “recuperar el dinero para el Estado en un país sumido en la pobreza es una tarea de primer orden, porque permite la implementación de políticas sociales que la infinidad de actos sociales interrumpieron”.
En diciembre de 2008 la sentencia de Alsogaray quedó firme y en 2009 se remató el famoso petit hotel del barrio de Recoleta y fueron decomisados más de tres millones de pesos. Pese a lo decidido en primera instancia, en 2010 la Corte Suprema denegó la presentación del Cipce para lograr la entrega social del dinero, por lo que la ONG volvió a la carga con un recurso de reconsideración ese mismo año, explicando la importancia de que ese dinero fuera aplicado a un fin social específico, para visualizar los efectos de la corrupción y reparar el daño causado.
El director ejecutivo del Cipce, Agustín Carrara dijo a Página/12 que, con el fallo, la Corte Suprema demuestra que “no hay voluntad política para visibilizar los hechos de corrupción en este país”, y agregó que “sigue demostrando que los procesos de corrupción toman décadas en resolverse”, ya que se tardaron veinte años para resolver una causa que se inició en 1993.
Carrara afirmó que “es curioso que la decisión de la Corte Suprema no fuera publicada ni siquiera en su portal de noticias. Sólo pudimos acceder a ella los involucrados o aquellos pocos que tienen su número de expediente. El máximo tribunal ha decidido darle la espalda a la sociedad civil, negándose a participar en una política pública que busque combatir la corrupción. Asignar ese dinero a un fin social habría sido fundamental en el cambio cultural que se necesita para enfrentar la criminalidad económica, mostrando la importancia de recuperar activos robados del Estado”.
Por enriquecimiento ilícito, Alsogaray fue condenada en 2004 a tres años de prisión. Estuvo 19 meses detenida. La sentencia quedó firme a fines de 2008, y eso fue lo que permitió que el tribunal oral le ordenara devolver a las arcas públicas el dinero cuyo origen no pudo justificar. La causa contra la ex funcionaria se inició en 1993 con una denuncia que señalaba, entre otras cosas, la compra de su petit hotel. Más adelante una investigación dio cuenta de un notable incremento patrimonial en los años en los que había ejercido cargos públicos, desde 1989 hasta fines de los ’90. Al comienzo declaraba 10 mil pesos y a fines de la década tenía 2,5 millones de dudoso origen. Entre cálculos de peritos, fiscales, jueces y abogados, se había decidido que lo que finalmente debía devolver era cerca de un millón. En junio, el Tribunal Oral Federal Nº 6 la volvió a condenar, esta vez, a cuatro años de prisión, acusada por delitos de peculado y defraudación a la administración pública.
