“En numerosas oportunidades se ha manifestado desde esta presidencia, la inconveniencia total para que personas beneficiadas con el instituto de la Probation cumplan tareas comunitarias en Residencia Socioeducativas y/o dispositivos de atención donde se encuentran siendo asistidos niñas, niños y/o adolescentes atento la particularidad de la atención que se brinda y de los cuidados especiales que ellos requieren”, menciona Solanas en la nota enviada a Stark.
“Sin embargo en el caso que nos ocupa, esta negativa hecha saber a usted no ha sido tenida en cuenta y se ha resuelto que una persona imputada de un delito grave y además funcionario público en funciones, como es el caso del contador Eduardo Macri, igualmente cumpla tareas en una Residencia Socioeducativa íntimamente relacionada con este Consejo”, continua diciendo.
“Por ello, se rechaza totalmente esta decisión adoptada y se solicite que se arbitren los medios necesarios para que cese la misma y se disponga que la medida de suspensión del proceso a prueba, se cumpla en otra Institución donde no existan niñas, niños y/o adolescentes”, sentencia. Y pidió además “que lo mencionado, debe tenerse en cuenta para futuras decisiones que se adopten con otros imputados”.
En tanto, en la misiva destinada al magistrado (a quien menciona como titular del Juzgado Nº 4 cuando se trata del Nº 5) agrega: «La Residencia supra mencionada, recibe financiamiento del COPNAF y los niños allí alojados están bajo medidas de protección en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia (Ley 9861), por lo que este Organismo es responsable de las personas allí alojadas, lo que implica que debió ser notificado a efectos de ser oído sobre esta medida».
