Los ATN en el centro de la discusión en las provincias. La Argentina es un país federal y ello implica no sólo la distribución de las distintas funciones políticas o institucionales, sino también la distribución de los recursos. Para ello se implementó el Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos, que establece la distribución de una parte de los ingresos de la administración pública del país entre la Nación y las provincias. Y las tres cuestiones de permanente discusión son los impuestos que se coparticipan, la proporción entre ambas partes y los porcentajes que le corresponden a cada provincia.
Esta coparticipación constituye, junto a la recaudación propia de los distintos distritos, la principal fuente de ingresos con que cuenta cada administración provincial para su gestión. Eventualmente existen otros aportes procedentes de las regalías petroleras o mineras que benefician sólo a algunos estados, y los fondos que discrecionalmente maneja el Ministerio del Interior a través de los ATN para situaciones imprevistas.
UN POCO DE HISTORIA. Tal como lo detalla la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su sitio de internet, desde 1935, cuando se implementó el sistema, en un principio los fondos destinados a las provincias crecieron, pero luego iniciaron una curva descendente. En aquel año sólo se giró el 17,5% de los recursos nacionales, pero en 1946 subió al 21% y en 1951 al 51,2 %. Con varias reformas, en 1963 los fondos a las provincias se redujeron al 36%, pero en 1966 volvieron a subir al 46%.
Ya en 1973 la ley 20221 estableció un reparto por mitades, con distintos matices a considerar como población y desarrollo de cada Estado para definir los porcentajes del reparto para cada provincia. Y finalmente en 1988 se sancionó la ley vigente, la 23548, que establece un 42,34% para la Nación; el 54,36 % para las provincias; un 2% para la recuperación de las provincias más atrasadas y el 1 % restante para el fondo de los ATN.
Pero la ley sufrió algunas modificaciones: en 1992 se establecieron fondos pre-coparticipables que le permiten a la Nación retener el 15% de los recursos en forma previa a la distribución, pero garantizándole a las provincias un piso mínimo de fondos. En 1993 el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento elevó el piso mínimo, y en 1994 la Constitución reformada determinó que el Congreso debía dictar en un período máximo de un año una nueva ley de Coparticipación, pero quince años pasaron y siguen en deuda.
Desde el inicio de la Convertibilidad, cuando las provincias recibían aproximadamente el 40% de la masa coparticipable total, comenzó una marcada caída de esta participación, que en la actualidad es del 30%. Y sin duda, el caso paradigmático de esta pérdida de recursos es la provincia de Buenos Aires, que resignó casi un 40%, pasando del 10,7 al 6,4%. El territorio bonaerense aporta una cifra cercana al 38% de la recaudación nacional, y con la exigua coparticipación que le reintegran se ve obligada año a año a requerir de la ayuda financiera del gobierno nacional para cubrir sus déficits.
Varios motivos llevaron a las provincias a esta pérdida en la distribución, pero una de las principales fue el importante crecimiento recaudatorio a través de impuestos no coparticipables, como el impuesto a los créditos y débitos bancarios -sólo el 30% va a las provincias- y las retenciones o derechos de exportación, con una leve distribución a partir del conflicto entre el gobierno y el campo.
Claro que superada la crisis del 2001 y con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner comenzó un período de crecimiento muy importante del país con el consiguiente aumento de la recaudación. Esto llevó a que las provincias recibieran cifras abultadas aún cuando los porcentajes ya habían caído, y esto redundó en un reacomodamiento de las finanzas.
Esta situación se ha ido modificando en los últimos tiempos y en especial a partir de la crisis internacional, que trasladada a la Argentina motivó una reducción de los ingresos. Por eso, el gobierno decidió, pese a no aumentar la distribución porcentual, abrir la posibilidad de las provincias de endeudarse para hacer frente a sus obligaciones en los próximos dos años, lo cual quedó reflejado en la letra del Presupuesto 2010.
LA GRAN DEUDA DE UNA NUEVA LEY. Muchas veces se habló de la redacción de una nueva ley, a tal punto que el compromiso quedó establecido en la reforma constitucional de 1994, con un plazo de un año y ya pasaron 15. Las que menos urgencias tienen son las beneficiadas por las regalías petroleras, como las patagónicas. Y la más perjudicada, Buenos Aires, con la mayor población del país y la peor proporción considerando la relación entre aportes e ingreso.
Todas las provincias con déficit dependen entonces de los aportes del gobierno nacional a través de los ATN, lo que condiciona sus gestiones y es motivo de innumerables reclamos. Independientemente de las peleas políticas que se producen entre el oficialismo y la oposición, no haber emprendido en tantos años la redacción de una nueva ley tiene también que ver con los problemas que se enfrentarían en una discusión que implica repartir algo que ya está todo repartido. Es probable que en los próximos años sigamos viendo discusiones parciales, que se acentuarán en casos de crisis y se calmarán si las recaudaciones aumentan acompañando períodos de crecimiento. Hasta que logremos la madurez política necesaria para que se sancione un nuevo texto que conforme a todos. Casi una utopía.
EN 2010 PODRÁN ENDEUDARSE PARA OBTENER FINANCIAMIENTO
El proyecto de presupuesto 2010 que obtuvo media sanción el jueves pasado no mostró cambios en la coparticipación federal de impuestos, es decir que no aumentó los aportes establecidos hasta el momento. Como alternativa, la suspensión por dos años de los alcances de la ley de responsabilidad fiscal le permitirá a las provincias obtener financiamiento para cubrir sus necesidades financieras.
Pero tan importante como el presupuesto, resultó para el gobierno la aprobación de la prórroga por diez años de los impuestos a los Bienes Personales, a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta; por dos años para el impuesto a los débitos y créditos bancarios; y por un año al impuesto a los cigarrillos.
Al respecto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el oficialista santafesino Gustavo Marconato, consideró «imprescindibles» las prórrogas de impuestos y las excepciones a la ley de Responsabilidad Fiscal.
«Estos impuestos no sólo financian a la administración nacional, sino también a la seguridad social y son un fuerte componente de la masa coparticipable; no es un elemento menor la duración de su vigencia», sentenció Marconato.
Por su parte, el presidente del bloque de la Concertación, Hugo Prieto, destacó que “mediante la flexibilización de la Ley de Responsabilidad Fiscal el Gobierno demostró su voluntad de federalismo, que muchos integrantes de la oposición le exigen, y de esta manera el ejecutivo también demostró, mediante el dialogo político con los gobernadores, que se pueden alcanzar claros beneficios para consolidar el modelo económico de crecimiento y producción”.
Fuente: BAE
