¿Cuál es ese contexto? De las 24 provincias argentinas, 20 están en manos del oficialismo. Quince de ellas están encabezadas por gobernadores del Partido Justicialista en sus múltiples vertientes, algunos de ellos hoy enemistados con los Kirchner pero no con el partido. Otras cinco están en manos de gobernadores aliados, con mayores o menores grados de subordinación al poder central pero siempre atento a los pedidos de la Casa Rosada. Sólo cuatro tienen al frente mandatarios de partidos opositores.
Por eso, la mayor parte de los beneficiados o perjudicados con un posible nuevo reparto de los fondos coparticipables tendrán en su bolsillo el carnet de afiliados al PJ o una lealtad probada con el Gobierno nacional. Aún con la desconfianza del caso, todos ellos deberán ponerse a trabajar en breve –el primer encuentro se convocará la semana próxima o la siguiente, según aseguró un dirigente del peronismo– en un proyecto de reforma de la Copa, como suelen llamar en las provincias al paquete que les permite sobrevivir.
La primera reacción de los gobernadores cuando Kirchner les mencionó la semana pasada sus intenciones de rediscutir la coparticipación fue la incredulidad y la preocupación. “Néstor nos puede decir eso por dos cosas: para sepultar la discusión por la ley del cheque o porque está pensando en su salida”, explicó un gobernador kirchnerista. A esta última presunción contribuye un dato. La ley de Coparticipación que rige hoy fue votada en enero de 1988, luego de la derrota en las elecciones parlamentarias y de elección de gobernadores provinciales que sufrió Raúl Alfonsín y poco antes de su salida anticipada del Gobierno.
¿Qué provincias deberán esperar beneficios de un nuevo reparto de dinero? Si se considera la relación entre habitantes y fondos recibidos desde el Estado nacional, los más perjudicados son los distritos más poblados: Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En ese mismo aspecto, las más beneficiadas hoy son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y Formosa. Es difícil pensar que alguna de esas cuatro, por razones políticas o por carencias económicas, pueda recibir un manotazo en la porción que les asignan. Sin embargo, alguna deberá perder. Si no, la única forma de repartir es que el Estado Nacional resigne algo de su cuota de coparticipación primaria, algo poco probable en un contexto de crecimiento del gasto público.
Con la modificación de la Ley del Cheque, por más que no les guste a los opositores, sucede algo parecido. El reparto de esa masa de dinero, si es que el Congreso logra alguna vez sesionar para votarla, beneficiará en su mayor parte a gobernadores peronistas. Si Cristina Kirchner la veta, será allí mismo, en la interna de su propio partido, donde tendrá que dar explicaciones o buscar remedios compensadores.
La posibilidad del veto perdió en los últimos días apoyo dentro del propio gobierno. Un ministro lo explicó así: “Si aprueban la nueva ley del cheque no tendremos que vetarla. Cortamos los PAF y a otra cosa”. El PAF al que alude el funcionario ganado por el discurso fácil son las transferencias a las provincias del Programa de Asistencia Financiera y ayudan a explicar el poco entusiasmo con que algunos gobernadores K saludaron la idea de cambiar la ley del cheque, a pesar de que les reportaría transferencia. “Yo recibo 4.500 millones de PAF y del cheque me tocarían sólo 2.000 millones. No me soluciona los problemas porque sería cambiar plata. Por eso yo pido una reforma integral de la Coparticipación”, dijo el bonaerense Daniel Scioli cuando fue consultado en un largo encuentro que mantuvo con El Cronista y otros diarios. En esa discusión descansa buena parte de su futuro político.
