“La energía es un bien social pero hay que pagarlo”, expresó el secretario. Aseguró que muchos enganchados tienen recursos como para hacerse cargo del consumo. “Uno ve en los lugares donde va que tienen teléfonos celulares, videocable, centros musicales muy costosos y no pagan la luz ni el agua”, ejemplificó. Para Pérez, los operativos son necesarios porque “es la única manera en que podemos lograr que la gente se interese por resolver este problema”.
Los operativos se efectúan en barrios con una alta concentración de vecinos “seguramente con capacidad de pago”. Pérez explicó que en las zonas donde no hay asociados, tienen posibilidad de cortar masivamente. En cambio, si hay al menos un usuario legal no pueden proceder porque tienen la obligación de garantizar el suministro.
Pérez aseguró que los operativos no son recientes sino que se vienen realizando desde hace tiempo. “En Benito Legerén, en el barrio ‘La Tablita’, había más de 90 personas que estaban haciendo uso ilegal de la energía eléctrica”, expresó. Asistentes sociales hicieron un estudio socio-económico del barrio y llegaron a la conclusión que la mayoría estaba e condición de abonar el consumo. “Reformamos las instalaciones y ahora hay 92 personas que están haciendo uso legal y pagando la energía”, indicó.
La semana pasada, los operativos se realizaron en el barrio San Miguel. “Tuvimos acá un contingente de vecinos que vinieron con la concejal Tribulatti (Gladis, Nuevo Espacio) que vinieron a plantear sus necesidades de una solución”, expresó.
La seguridad es otro aspecto a tener en cuenta. “Dada la precariedad de muchas instalaciones por fortuna no hay mayores desgracias” dijo. “La seguridad de un hijo o un familiar vale mucho más que $ 30 o $ 40 de energía eléctrica que se pueda llegar a pagar”.
“Por otro lado tenemos la solicitud, casi la imposición de las autoridades provinciales de ir eliminando los medidores comunitarios”, puntualizó. En la actualidad, cerca de 5.000 familias dependen de los medidores comunitarios para poder encender las luces de sus hogares al anochecer. “Seguramente el gobierno provincial ha tomado en cuenta que la situación ha mejorado”, opinó.
Tarifa social en el debe
El secretario mencionó que existen cerca de 5.000 conexiones irregulares en la ciudad. Teniendo en cuenta que hay 36.000 usuarios legales, los enganchados constituyen un porcentaje importante, el 13 %. Aunque aseguró que en los últimos años han venido reduciendo ese índice.
Estas cifras impactan fuertemente en la pérdida de energía que padece la distribuidora, que actualmente oscila en un 25 %. “Es una pérdida que soportan todos los asociados porque se trata de dinero que podemos utilizar para mejorar las instalaciones”, expresó.
“Estamos tratando de poner en vigencia una tarifa social donde el Estado Provincial y la Municipalidad resignen algunos impuestos o tasas y la cooperativa cobraría el mínimo necesario para mantener el servicio”. Pérez aseguró que para que la iniciativa se ponga en marcha, sólo resta la “decisión política” de parte del intendente y del Concejo Deliberante. “Podrían eliminar la tasa de alumbrado público u otra tasa municipal”. En cambio, indicó que es más difícil que la Provincia o la Nación apliquen recortes impositivos.
Además, afirmó que “es el poder político el que tiene que hacerse cargo de esta situación, es el responsable, porque la Cooperativa es una empresa privada de capital social, pero privada”.
El plazo que otorga la Cooperativa actualmente antes de interrumpir el suministro de energía a los domicilios particulares son dos facturas. Esta norma se cumple a rajatabla, incluso hasta con los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Por eso, “hay un reclamo generalizado de los asociados que pagan con sacrificio de que tratemos de terminar con los enganchados”, puntualizó.
