El comunicado enviado por la distribuidora expresa que “debido a las normativas de la Secretaría de Energía, que cambiaron el escenario de la actividad (reducción de las tarifas) por un lado, y a las nuevas políticas de YPF por otro, resulta inviable a la Cooperativa lograr la rentabilidad necesaria del servicio para asegurar su sostenibilidad en el tiempo”.
En tal sentido, desde el Consejo de Administración expresaron que no solo se requiere la comercialización de determinado volumen que supera el cupo asignado. “Sino que además, las políticas empresariales del proveedor (YPF) y las normativas oficiales vigentes, obligan a realizar importantes inversiones de difícil recuperación en el tiempo”.
Por lo tanto, ante el escenario descripto se analizó el mejor camino para resguardar la fuente laboral de los empleados del servicio como así también la provisión y calidad del producto de acuerdo a la demanda de los asociados y consumidores. “YPF, como propietaria del producto, determinó que, entre los distribuidores oficiales de gas envasado para esta región, la empresa que cuenta con el mejor perfil hacia adentro y hacia afuera de YPG Gas es la firma Flama S.A.”, se señala.
La empresa mencionada se comprometió a resguardar la fuente laboral de los empleados del servicio incorporándolos a su planta permanente. “A fin de facilitar la relación de Flama con los consumidores se mantiene el mismo lugar físico para su atención y los números de teléfono para solicitar la provisión de gas, tal como lo hacían habitualmente”, dice otro párrafo.
Entre tanto, los ediles aprobaron un proyecto donde instan al Ejecutivo a que arbitre los medios para recabar la información sobre la transferencia del servicio. La iniciativa requiere diversas precisiones: “1) si existió la cesión de gas envasado a una empresa de Paraná 2) si hubo un llamado a licitación o concurso de precios para elegir al mejor oferente 3) que mecanismos se designaron en caso de que se haya entregado la distribución a otra empresa para que esa sea elegida”.
“Investigaremos directa o indirectamente hasta las últimas consecuencias. Cuando alguien se jacta de una buena administración es bueno que se den explicaciones y en este caso aparentemente no las ha habido”, dijo el concejal Martín Santana (PJ). Al mismo tiempo, recordó que antes “cualquier cosa que se hacía era criticable y todavía siguen criticando gestiones anteriores de la Cooperativa”. Incluso, Santana afirmó que si el peronismo hubiese mantenido la administración de la Cooperativa: “seguramente estaríamos mucho mejor que lo que ha pasado en estos últimos años”.
Por su parte, Daniel Cedro (FJPV) señaló que se “privatizó” el servicio y se preguntó “si la continuidad de larga data de la misma lista (Amarilla) ha llevado a un manejo sin disensos”.
En tanto, Roberto González (FJPV), hijo del ex presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de la provincia de Entre Ríos, Abel González- recordado por su nefasto paso por la Cooperativa Eléctrica- se opuso a que el tema pase a comisión, tal como se había propuesto desde la presidencia, y pidió en la sesión que el proyecto se aprobase hoy. “Si la Cooperativa tiene buenas intenciones y no tiene nada que esconder seguramente lo van a responder rápidamente”, aseguró.
