Los investigadores estudian la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura. En especial, el rol de los cuadros empresariales (dueños, miembros de dirección y otros jerárquicos) en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores.
Entre las principales prácticas empresariales represiva encontradas se pueden mencionar: secuestro de trabajadores en fábricas y despido y retiro forzado de obreros activistas. Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores. Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro de las fábricas, oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos, agentes de Inteligencia infiltrados, operativos militares en los predios fabriles, cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas, habilitación de instalaciones para el asentamiento de las fuerzas represivas, aportes económicos a las fuerzas represivas, uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro, control militarizado del ingreso a la planta fabril, amenazas de directivos, pedidos de detención de parte de directivos, pedidos de intervención militar en conflictos, secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo, agencias de seguridad en las empresas, centros clandestinos de detención en las empresas, control militarizado de la producción, retención y tortura en espacios de fábrica.
Durante un año y medio, se conformó una mesa de coordinación y un equipo de investigación donde participaron abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos. A partir de distintos criterios de selección, se convino realizar 22 informes donde se investiga a las siguientes 25 empresas: Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, Ingenio Ledesma, La Fronterita y Concepción (NOA), Alpargatas, Molinos, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiagoy Petroquímica Sudamericana (cordones del conurbano sur bonaerense), Grafa, Ford, Mercedes Benz, Lozadur y Cattaneo, Astillero Astarsa, Dálmine- Siderca, Acindar, Fiat, Las Marías, Loma Negra y el diario La Nueva Provincia.
En cinco casos existieron entre 60 y 100 trabajadores víctimas de la represión: Astillero Rís Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y Fiat. En otros cinco las víctimas fueron entre 30 y 40 al tiempo que en otras 14 empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. Una sola empresa, el taller gráfico de La Nueva Provincia, tuvo dos trabajadores víctimas,
Todas esas empresas están siendo investigadas. En algunos casos fueron imputados dueños o cuadros empresariales, en otras los imputados son militares. También existen causas que incluyen casos de obreros víctimas de delitos de lesa humanidad como parte de un cuerpo de víctimas más numeroso y heterogéneo. Actualmente el caso más avanzado es el de un empresario de La Veloz del Norte, Marcos Levín, quien se encuentra enfrentando un juicio oral y público.
Entre las principales conclusiones extraídas se pudo confirmar que la represión contra los trabajadores se realizó dentro y fuera de las empresas, a partir de la combinación del accionar militar y empresarial, dejando ver la constitución de una alianza represiva.
Si bien los análisis confirmaron la responsabilidad de las fuerza armadas en la concepción y ejecución del plan sistemático de exterminio, el análisis de los casos seleccionados puso de manifiesto que existieron roles muy importantes por parte de sectores empresarios, aportando recursos logísticos , informativos, financieros y materiales además del hecho extremo de la existencia de centros de detención o lugares transitorios de de tortura dentro de las plantas.
La variedad, gravedad e impacto de este accionar empresarial y su centralidad para la tarea represiva volvió insuficiente el uso de términos como “complicidad” o “colaboración” que denotan un papel complementario o subsidiario. Los investigadores optaron por señalar la existencia de una responsabilidad empresarial respecto de las políticas represivas.
La represión persiguió el objetivo de disciplinar a la fuerza de trabajo y refleja la preocupación por revertir dos procesos: la alteración del “orden productivo”, la indisciplina y la pérdida de autoridad de empresarios en el ámbito de la producción y la acumulación de derechos conquistados por los trabajadores que afectaban los costos, los ritmos de producción y la productividad.
Respecto de las víctimas, los investigadores establecieron que hubo 900 trabajadores que resultaron damnificados: 354 están desaparecidos, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y luego liberadas. La mayoría eran trabajadores y ex trabajadores de las empresas mencionadas. Entre los últimos, fueron incluidos quienes participaron de los procesos de y organización obrera hasta los últimos tiempos y fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión o para preservar su seguridad. También fueron incluidos casos “conexos” tratándose de personas que no tenían vinculación directa a las empresas pero si a trabajadores o ex trabajadores de las mismas u otra forma de conexión.
