A pesar de su aparente dispersión, los tres hechos tienen un claro hilo conductor: la cobertura por parte de ciertos sectores corporativos del Poder Judicial de los cómplices civiles de la última dictadura, quienes en su gran mayoría tienen actualmente un gran poder político, mediático y empresarial.
En Entre Ríos sabemos de qué se trata este rol en el engranaje represivo, a partir de que tras larguísimos años de investigación se pudo comprobar la existencia de una maternidad clandestina en Paraná, que actuaba sobre toda la región.
En este caso actuó con gran impunidad y prestó una enorme ayuda al gobierno ilegítimo la corporación médica. Este 27 de marzo se cumplirá un nuevo aniversario de que los mellizos hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela salieran del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná, poco antes que sus padres fueran asesinados y ellos entregados a otras familias. Sabrina Gullino, que fue adoptada de buena fe por una familia que desconocía su historia, restituyó su identidad en 2008, y desde entonces busca a su hermano.
En el juicio por la causa Hospital Militar, los cuatro dueños del instituto médico se negaron a colaborar, omitiendo cualquier dato que pueda contribuir a encontrar al “melli”. Uno de ellos murió sin ser juzgado, mientras la causa que investiga el paradero del hermano de Sabrina avanza con una exasperante lentitud.
Esa complicidad médica se vio claramente en otros tres casos: Juan Antonio Zaccaría, quien asistió al parto en el Hospital Militar, fue condenado por su participación en la apropiación, aunque ya se encuentra en libertad. Jorge Horacio Cappelino, que habría atendido al desaparecido Pedro Miguel Sobko tras ser torturado, firmando su acta de defunción, se halla procesado en otra causa. El médico otorrino Hugo Mario Moyano, en tanto, fue incluso señalado por testigos de la causa Área Paraná por haber estado presente durante las sesiones de torturas que sufrieron.
La experiencia indica que cuando las investigaciones avanzan, más claro y completo se torna el panorama de la feroz represión planificada y ejecutada por la última dictadura. La Justicia colabora con los cómplices civiles de dos maneras: dictando su falta de mérito o rechazando pedidos de indagatoria, pero también dejando correr el tiempo.
El tiempo juega a favor de los procesados. Nosotros lo sabemos muy bien por la causa Área Paraná, que lleva 11 años desde su reapertura y más de 30 de su inicio, antes de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Allí, más de la mitad de quienes deberían estar en el banquillo murieron impunes.
Los cómplices civiles, sostén ideológico y parte de los gobiernos represivos, constituyen una pieza insoslayable de ese esquema. Sin embargo, es el sector que suele gozar de mayor protección por parte del Poder Judicial, en algunas ocasiones por sus vínculos sociales, económicos o políticos.
Paralelamente, es preocupante el criterio con que varios jueces avanzan en las investigaciones contra quienes ejercen su derecho a la protesta ciudadana, tal el caso de los asambleístas procesados recientemente en Concordia. A lo que nos referimos es que contrasta fuertemente la velocidad y premura con que la Justicia avanza sobre unos, y la lentitud y cautela -por llamarlo de algún modo- con que lo hace sobre los otros. Creemos que este criterio de criminalización de la protesta va claramente en contra del lineamiento adoptado por Cristina Fernández de Kirchner en el país y por Sergio Urribarri en la provincia.
El Mes de la Memoria es una buena oportunidad para salir a las calles, organizarse, y reclamarle pacífica pero contundentemente al Poder Judicial que se ponga a la altura del momento histórico que vivimos, y cumpla de una vez con la demanda de justicia de la sociedad argentina.
