El encuentro tendrá lugar en la Casa de Gobierno donde básicamente se hará referencia a la decisión que tomó el gobierno provincial de reglamentar hace dos meses esta normativa que tenía nueve años de aprobación, lo que fue muy bien recibido por la Comisión Nacional que precisamente fue constituida para establecer una ley nacional de hipermercado.
“Esta Comisión representa a 40 Cámaras de almaceneros y supermercados del país. No hay ciudad ni pueblo, por más chiquito que sea, que no esté representando en todo el país”, comentó Aldo Bachetti, director provincial de Industria y Pymes.
Adelantó que la entidad “viene a hacerle un reconocimiento al gobernador por haber reglamentado la ley que tenía nueve años de antigüedad y que durante dos períodos no se reglamentó”.
Indicó que en la ocasión se pondrá al tanto de todos los municipios que ya han adherido a la reglamentación, tras la cual comentó: “La Ley de Hipermercados no prohíbe la instalación de grandes superficies, sino que las regula. Determina los metros cubiertos que tiene que tener una emprendimiento de esta índole por ciudad y por cantidad de habitantes, además de crear un fondo de reconversión que es una alícuota que se cobrará por la diferencia de menos que pagan de ingresos brutos que les permite el convenio bilateral. Lo que se recaude en este fondo servirá para préstamos para pequeños comerciantes y para capacitación de personal, entre otros beneficios”, resumió finalmente Bachetti.
Cabe recordar que el gobernador firmó a fines del mes de junio el decreto reglamentario de la Ley N ° 9393 de Grandes Superficies y Cadenas Comerciales.
La reglamentación dispone que, dada la superación de los limites regulatorios de la ley, ninguna instalación futura de un hipermercado podrá realizarse sin una autorización de la provincia. Para obtener esa licencia, primero se deberá cumplir con las normas y tener una autorización especial del municipio correspondiente.
También se reglamenta la cantidad de locales a habilitar según la población de cada municipio, con estudios de impacto socioeconómico, laboral, urbanístico y ambiental surgido de entidades académicas públicas, en análisis sujetos a audiencia pública.
