“Recibiremos los diversos testimonios, se realizarán los análisis de las declaraciones y documentación pertinente con la finalidad de fiscalizar y comprobar si el funcionamiento de los organismos de inteligencia se ajustaron estrictamente a las normas constitucionales y respetaron las garantías individuales o por el contrario desarrollaron accionar ilegal penado por ley”, explicó.
“Los familiares lucharon estos dos años, desde aquel 17 de noviembre, por verdad y justicia. Mientras desde la máxima jerarquía de la administración del Gobierno a cargo de Macri se sospecha que se mandó a espiarlos ilegalmente. Una práctica que está probada, se aplicó de manera sistemática contra partidos políticos, periodistas, opositores, movimientos sociales, empresarios, sindicales e incluso familiares y miembros de su propio partido. Esa es la tarea que nos corresponde investigar hasta sus últimas consecuencias tal cual lo establece la ley que regula la inteligencia en nuestro país”, añadió.
