Los padres de los chicos con capacidades diferentes contratan maestras que debe ser monotributistas. Y el Iosper se hace cargo de los salarios. No obstante, desde el próximo 31 de diciembre, día en que finaliza el actual ciclo lectivo, la obra social dejará de abonar esos sueldos. En 2020, el CGE debería comenzar a pagar a las maestras integradoras. Pero desde el organismo a cargo de la educación no hay ninguna respuesta acerca de esa situación.
«Desde el 2016, basándonos en la ley nacional Nº 24.901 a la que adhirió a la ley provincial Nº 9891, se dividen las prestaciones en salud y educación. A las de Salud se obliga obviamente al ministerio de Salud a la obra social Iosper para sus afiliados. Y todo lo inherente a Educación al gobierno de la Provincia, en este caso al CGE y al Iprodi», señaló Hepp.
Pero el directorio del Iosper, hace tres años, dictó la resolución Nº 702 mediante la cual se hacía cargo de las prestaciones de los afiliados discapacitados pero haciendo la salvedad de que se iba a reclamar, a futuro, un recupero por parte de Educación. “Ese recupero nunca se dio”, dijo. Y, a ello, ahora se suma una nueva resolución del Iosper, dictada en octubre pasado, donde se determina que la obra social ya no cubrirá todo lo referido a Educación.
“Los padres están absolutamente preocupados”, dijo Hepp. De hecho, se conoce la intención de muchos de acudir a una instancia judicial para salvaguardar el derecho de sus hijos a recibir educación. “El niño tiene un derecho. Debemos llegar las distintas instituciones a un acuerdo en este lapso de tiempo que nos queda”, sostuvo Hepp.
“Lo importante es crear un canal de diálogo entre la obra social, el ministerio de Salud y el gobierno de la provincia, en este caso el CGE, para saber diferenciar cuales son las prestaciones inherentes a salud y rodos los derechos de los niños en lo que se refiere a una educación inclusiva”, explicó.
Más adelante, la directora docente dijo que se deben salvaguardar los recursos económicos de la obra social. “Que todo lo destinado a Salud, vaya a Salud”, dijo. “Y que todo lo que corresponde a Educación esté a cargo del CGE”, dijo.
El único ejemplo a mano para sentar un precedente es lo que ocurre en la vecina provincia de Santa Fe. En esa jurisdicción, el Iapos (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) no cubre las prestaciones de Educación. “Solamente prestaciones de salud”, indicó. Allí el ministerio de educación se hace cargo de los sueldos de las maestras integradoras. No obstante, en el Iosper realizan una investigación intensa de las diferentes obras sociales para tener más datos acerca de la misma problemática en otras provincias.
Hepp dijo que Cañete está dispuesto a dialogar con las autoridades del CGE para solucionar el problema. “Nosotros nos hacemos cargo de los chicos que tienen problemas de salud, no de los que tienen problemas de Educación. Nos endilgan a nosotros que estamos desamparando a los niños con discapacidad. Mientras otros se desentendieron, nosotros cubrimos el 2016, 2017, 2018 y 2019. Es hora de que, al que le corresponde, se haga cargo”, dijo.
Cañete argumentó que la ley provincial Nº 9891, en el artículo 11º en adelante, señala que los alumnos con discapacidad que tienen problemas pedagógicos deben ser atendidos por el Consejo General de Educación. “¿Cuál es la controversia acá? Algunos sostienen que por la aplicación de la ley Nº 24.901 solamente se debe hacer cargo la obra social. Pero la provincia tiene una ley para tratar exclusivamente ese tema. En ese tema, en Entre Ríos, la ley que tiene que primar, a nuestro criterio, exige que nosotros nos tenemos que hacer cargo de los problemas de salud; cosa que nos hacemos cargo. De lo demás debería hacerse cargo el CGE” , indicó Cañete a Radio Ciudadana (FM 89.7).
