La primera señal de alerta llegó desde Salta, que plantea elevar Ingresos Brutos al comercio desde la actual alícuota del 3,6% al 5% en 2018, y lo mismo en otros sectores como la construcción o la industria. Se trata de un impuesto distorsivo y regresivo que el Gobierno había convenido trabajar en su restricción.
Pero las puertas para que aumenten están completamente abiertas. En el capítulo III del nuevo Consenso Fiscal firmado a mediados del mes pasado, se establecen topes máximos de alícuotas a los Ingresos Brutos que en el ramo comercio y servicios están muy por encima de las actuales, y que frente a la falta de recursos, las provincias están comenzando a aprovechar.
Por ejemplo:
En la sección “Mayorista, Minorista y Reparaciones” para 2018 no se establece tope y para los años siguientes un límite del 5%, que supera ampliamente al promedio de las tasas actuales (3%-3,5%).
Para el sector “Primario” e “Industrial” se pone un tope del 2% disminuyendo gradualmente a 0% recién en el 2022. Una tasa de 2% supera lo que aplican muchas provincias (1,5%). Es el caso de Salta, donde la industria se grava con 1,5% y ahora se planea arrancar 2018 en 2%.
Otro dato preocupante es lo que sucede con el impuesto inmobiliario ya que el Consenso Fiscal establece que se adoptarán procedimientos y metodologías de valuación uniformes, establecidas por el organismo federal. Las provincias asegurarán a la institución acceso a los registros catastrales y locales para que sea quien fije la nueva cotización, y se determine un tope de entre el 0,5% y 2% del nuevo valor.
En estas condiciones, el año 2018 encontrará a la población con más impuesto inmobiliario y a las pymes con más presión de Ingresos Brutos. Eso derivará inevitablemente en menos consumo, mayor costo de vida y menor actividad económica.
Ni las pymes ni la población tienen soporte para aguantar una mayor carga tributaria. La única solución de la Argentina es mejorar la competitividad y eso requiere medidas fiscales que acompañen y alienten.
