Analizando “la información recibida por los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares”, el organismo detectó un sustancioso incremento patrimonial en Aranda e impulsó una investigación para determinar si responde o no a operaciones legales.
La decisión está vinculada indirectamente con una presentación de José Sbatella, titular de la UIF, quien en julio pasado formuló una denuncia penal sobre el proceso por el cual acciones del Grupo Clarín, el Banco Patagonia y Consultatio SA, luego adquiridas por fondos de inversión que controlaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), salieron al mercado con un valor superior a 30 pesos y se desplomaron poco después. La denuncia, tal como oportunamente informó Tiempo Argentino, es por “manipulación de precios de acciones que se ofertan públicamente en el mercado de valores y su venta a los fondos de inversión (antiguas AFJP), con la probable connivencia de los gerentes operativos de los mismos”.
El incremento patrimonial de Aranda, según sospecha la UIF, podría estar vinculado con esa operatoria. No obstante, el derecho a la privacidad de las personas alcanza a sus movimientos económicos y está protegido por el denominado “secreto fiscal”. Pero cuando existe la sospecha de una actividad ilegal, ese secreto puede ser levantado bajo un estricto control de la justicia. La UIF presentó el pedido de levantamiento del secreto fiscal ante el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien lo rechazó. Por cierto, el magistrado dio al trámite el procedimiento de una causa penal cuando, en realidad, todavía no lo es. La medida que había pedido la UIF apuntaba a determinar si existían razones para promover una denuncia penal, es decir, una medida previa de investigación para determinar si ese incremento patrimonial pudo haber respondido a la comisión de un delito.
La Cámara Federal corrigió a Martínez de Giorgi y concedió el levantamiento del secreto fiscal. “Es un procedimiento de rutina. Ha habido otros, incluso este mismo año. La UIF podrá ahora profundizar la investigación y si considera que existió un delito deberá formular la denuncia penal y allí se pondrá en marcha la maquinaria judicial. La Cámara no dijo que hubiera delito, ni que Aranda fuera responsable de nada. Sólo habilitó uno de los mecanismos que están previstos en la ley para que los organismos del Estado encargados de velar por este tipo de situaciones puedan avanzar en la investigación”, explicó a Tiempo una alta fuente judicial. La medida dispuesta por el tribunal despejará el camino para que la UIF pueda revisar toda la documentación disponible sobre los movimientos económicos y financieros de Aranda. “Suponemos que deben haber otros planteos similares con otros directivos del Grupo Clarín, pero sólo estaba esto para resolver”, explicaron en la Cámara.
