En un intenso fin de año 2010, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó utilizar las muestras ya existentes en la causa (sangre, saliva y elementos personales tomados por el anterior juez Conrado Bergesio en diciembre de 2009) y ordenó una nueva extracción en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como habían pedido las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y de las familias García Gualdero y Lanouscou Miranda.
Horas antes de la cita prevista el 23 de diciembre para tomar las nuevas muestras, el abogado de los jóvenes, Jorge Anzorreguy, presentó una apelación y frenó la medida. El argumento es una supuesta “inconstitucionalidad” del fallo de la jueza, acusando una interpretación “errónea” del artículo 218 bis del Código Procesal Penal, que regula las extracciones de ADN. Con esa maniobra, el letrado logró suspender una medida de prueba que Marcela y Felipe siempre rechazaron: la comparación de su perfil genético con el de todas las familias de desaparecidos que buscan bebés apropiados durante la última dictadura.
Antes del parate judicial de enero, la jueza concedió el recurso de apelación y lo elevó a su superior inmediato, la Cámara de Apelaciones de San Martín. “El plazo que la ley estipula para que resuelva es de 30 días, por lo que debería realizar una audiencia y resolver la cuestión de la extracción obligatoria en febrero o la primera quincena de marzo”, explicó a Tiempo argentino el abogado de Abuelas, Alan Iud.
La decisión recayó en la Sala II de la Cámara de San Martín, integrada por Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, quienes fallaron recientemente a favor de la magistrada. En junio de 2010 confirmaron a Arroyo Salgado al frente de la causa, tras una denuncia presentada por el abogado que representa a Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo.
A pesar del probable rechazo de la apelación por parte de la Cámara, Anzorreguy ya anticipó que su intención es llevar esta apelación hasta la última instancia judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, por lo que irán en queja a la Cámara Nacional de Casación Penal y luego al máximo tribunal, demorando de esa manera la resolución del caso hasta finales de 2011.
Al mismo tiempo que concedió la apelación a los abogados de Marcela y Felipe, en diciembre último, Arroyo Salgado rechazó un recurso para frenar la extracción interpuesto por Cavallo, a quien además denunció al Colegio de Abogados de San Isidro por los términos en los que lo presentó. El ex juez federal representa a la viuda de Noble, la principal imputada de la causa, por lo que la medida de prueba enfocada hacia las posibles víctimas de la apropiación no debería provocarle ningún agravio a la dueña del Grupo Clarín.
