Hasta ahora, los haberes de los jueces se actualizan automáticamente si el incremento acumulado por el índice del costo de vida suministrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) superaba el 15 %. Si en el lapso de un año el incremento de los precios no superan ese porcentaje y alcanzan un acumulado de, por ejemplo, el 8 %, en ese porcentaje se incrementa el haber de los vocales del Superior Tribunal de Justicia que, por la ley de enganche, es trasladado a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Así funcionó durante la última década, desde que se dictaron las leyes 8.069 y 8.654 para evitar que la hiperinflación se comiera los sueldos de los hombres encargados de impartir justicia.
El proyecto votado por el Senado y que anoche se esperaba ratificara Diputados modifica el artículo 2º de la ley 8.654. Determina que desde el 1 de julio —cuando concluye la emergencia que suspendió los efectos de las leyes 8.069 y 8.654, lo que implicó una disminución del 38 % en los sueldos de los jueces— la ecuación remunerativa por intangibilidad no se modificará. En el único caso en el que lo podrá hacer es si se verifica un incremento del 30 % en el costo de vida. Es decir, deja sin efecto la actualización anual que actualmente se hace si la inflación no supera el 15 % y sube ese techo al doble, el 30 %.
Pero además, de acuerdo con la nueva normativa, si el costo de vida supera el 30 %, la actualización automática en los salarios de la Justicia será de un 50 % del valor índice acumulado. Por ejemplo, si los precios crecen —en el tiempo que sea— un 32 %, los haberes se aumentan sólo en un 16 %. Pero si los precios suben un 29.9 %, los salarios no varían.
Los empleados judiciales mantuvieron reuniones ayer hasta última hora con los legisladores. A la tarde se barajaba la posibilidad de que el oficialismo presentara un proyecto alternativo donde se cumpla con uno de los pedidos de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER): el reconocimiento de la deuda de estos seis meses de suspensión de la actualización.
Pero el gremio igualmente avaló el proyecto venido del Senado porque atiende para futuro lo que más le interesa: el enganche con los sueldos de los vocales del STJ, cualquiera sea el motivo de su variación, con lo cual, si por ejemplo se reconoce un incremento vía amparo, automáticamente se traslada a magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia.
La bancada radical aparecía como la única oposición a la modificación de la ley 8.654. Aunque estaba de acuerdo con la ratificación del enganche, el bloque de la UCR le adelantó a la AJER que no votaría la iniciativa por oponerse a la política salarial que se dio el Gobierno en la materia y, además, porque advertían que la nueva norma podía ser atacada judicialmente con mayores perjuicios para las arcas del Estado.
“Si el gobierno transparenta los números del Presupuesto podemos saber cuál es lo disponible para la masa salarial y, entonces, en una mesa común con todos los actores, se pone a los jueces en una discusión entre el derecho que les corresponde y el principio de solidaridad. Esto no se puede hacer si no se muestran los números y se busca cerrar acuerdos por separado con cada sector”, sostuvo el presidente del bloque, Fabián Rogel.
