Tal como fuera anunciado, poco después de las 17, el Bloque de Senadores Justicialistas recibió en su sala de reuniones al titular de la Secretaría de Energía, Carlos Molina, quien presentó detalles sobre sendos proyectos de ley que tienen origen en el Ejecutivo y que se encuentran a estudio en la Cámara Alta.
En un intermedio del encuentro el representante del departamento Colón, Mariano López (PJ), indicó que el proyecto relacionado con el accionar en el territorio entrerriano de fondos especulativos que pueden dañar la actividad económica apunta a darle al Estado “un elemento más de control para los servicios concesionados, defendiendo la unidad económica, evitando maniobras que pueden resentir las prestaciones”.
El legislador dijo que Molina habló sobre los alcances del proyecto que “prevé que cuando hay actividades que ponen en riesgo la normal actividad de un servicio, se pueden llegar a tomar acciones concretas para salvaguardar el normal funcionamiento de una prestación”.
Agregó que “es una norma de alcance general, que está dirigida a todos los servicios o actividades que conceda el Estado”, y señaló que “es una herramienta novedosa que permite accionar mediante controles, para de este modo encuadrar una actividad en el marco legal vigente”.
Explicó que “es una norma de aplicación gradual, que podría terminar con la caída de una concesión”. “No hay demasiados reparos con este proyecto, pasa que es algo novedoso, de difícil implementación”, destacó, reiterando “que es una herramienta más para el poder concedente, que es el Estado”.
Cambios en el marco Regulatorio
Sobre este punto dijo que se trata de “poner causales concretas de la caída de la concesión en una ley, que están dentro del marco del derecho administrativo”. Dijo que esta ley “obedece a una cuestión política de oportunidad, un mensaje claro a quienes prestan un servicio tan sensible como el eléctrico”, y agregó que “lo que abunda no daña”.
Dijo que “creemos que estas dos leyes serán aprobadas, en la reunión de Bloque se decidirá cuando, se trata de proteger los servicios públicos que se prestan en la provincia”.
