No hay ningún condenado por el asesinato de Romina, ocurrido el mismo día 20 con una bala policial. Ella estaba en el patio de la casa de sus tíos, en cercanías de Wal Mart. “Se peritaron más de 200 armas de la Policía y el Servicio Penitenciario y nunca se logró una correspondencia entre el arma que disparó y el proyectil encontrado en el lugar del hecho”, explicó la abogada Rosario Romero, primera querellante en la causa y actual funcionaria municipal.
Se sospecha que poco después del crimen se hizo desaparecer el arma de la que salió el disparo asesino, que está prácticamente probado que pertenecía a las fuerzas de seguridad, en ese entonces a cargo de Victoriano Ojeda.
Por el tipo de proyectil encontrado, serias sospechas siguen cayendo sobre los efectivos que participaron de la represión ese día en la zona del hipermercado de capitales norteamericanos, que fue el único que no entregó comida a los manifestantes y contó con un fuerte operativo de seguridad a su favor que impidió el saqueo.
“Las investigaciones avanzaron bastante y hubo una intensa actividad probatoria de parte del juez de Instrucción Ricardo González”, dijo Romero, que dejó la querella en manos del abogado Gamal Taleb cuando asumió como diputada nacional. “Todo lo que se hizo fue intenso, pero no se logró identificar al autor”, agregó.
“Mi idea es que el arma que disparó contra Romina fue hecha desaparecer en las horas posteriores. Porque la investigación comenzó prácticamente al día siguiente. El día 20 no se hizo un allanamiento en el lugar, no se recogieron huellas. Fue alrededor de las tres de la tarde y al atardecer comenzó alguna actividad judicial; pero recién al otro día se constituyó la entonces jueza (Susana) Medina de Rizzo –luego designada vocal del Superior Tribunal de Justicia– con las partes y se secuestró el proyectil”, sostuvo la abogada Romero en diálogo con UNO.
Una muerte archivada
En tanto, los ex compañeros de militancia de Rodríguez en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguran que la causa fue archivada y denuncian que todavía no lograron trasladar sus restos, dentro del cementerio paranaense, desde el sector de indigentes hacia un nicho.
Por otra parte, el cuerpo de José Daniel fue hallado el 31 de diciembre detrás de Wal Mart. Es la muerte sobre la que hay más incógnitas, puesto que no existen muchas pistas e, inclusive, nunca se pudieron constituir querellantes. Esta causa también estuvo a cargo del juez González.
Alejandro Sologuren, dirigente de la CCC, afirmó ayer que “la causa está archivada”, y denunció que esta agrupación “nunca tuvo acceso” a las investigaciones. También se quejó porque, a pesar de las promesas del gobierno de Jorge Busti al asumir en 2003, no se logró ningún tipo de avance.
“El sumario policial que había prometido Busti, no apareció”, dijo sobre la investigación interna que se habría realizado en la fuerza de seguridad durante el primer año de gestión justicialista.
El cuerpo de Rodríguez apareció tapado con cubiertas de auto, en lo que se interpretó como un mensaje mafioso de las fuerzas policiales: José Daniel era habitualmente el encargado de encender las hogueras durante los cortes de calle y movilizaciones que, por esos días, eran habituales en Paraná con participación de la CCC.
Tampoco se descarta que él haya sido quien inició el fuego que terminó con la quema de la puerta de la Casa de Gobierno, el mismo 20 de diciembre, aunque esto no se puede aseverar.
Hay testimonios que indican que el joven oriundo de Bovril participó de una manifestación en reclamo de comida frente al hipermercado entre el 22 y el 23 de diciembre, y que a la noche cayó en la bajada del barrio Humito cuando era perseguido por la Policía, víctima de un escopetazo en la espalda. También afirman que lo habrían levantado en una camioneta cuando todavía estaba con vida.
El dirigente de la CCC Alejandro Sologuren recordó a UNO que los restos de José Daniel Rodríguez continúan en el sector de indigentes del cementerio de Paraná. Pese al intento que se realizó este año, la organización no consiguió trasladar el cuerpo hacia un nicho y ahora corre peligro de ser llevado a una fosa común.
“No se pudo hacer el traslado porque el tiastro no lo autorizó. Ya se cumplieron cinco años de plazo para que saquen los restos y los tiren a la cruz mayor. El director del cementerio de la gestión anterior nos dijo que nos iban a avisar si esto sucedía”, indicó el dirigente.
Una sola condena
En el caso de Eloísa, el martes 27 de mayo de 2003 la Cámara del Crimen condenó al policía Martínez, por haberse comprobado que fue quien disparó contra la niña en el Parque Berduc, cuando regresaba al barrio Maccarone desde el supermercado Abud de calle San Juan el 20 de diciembre de 2001.
