En este momento, Lascurain dijo que se está aprovechando la capacidad de generación de proyectos de los profesionales con los que cuenta la Cafesg para las obras que les ha encomendado el gobernador Gustavo Bordet a través del ministro de Obras Públicas, Luis Benedetto. Fundamentalmente relacionados con el saneamiento de los efluentes cloacales de las ciudades ubicadas a la vera de la costa del río Uruguay.
Eso le ha permitido a Concordia estar avanzado en la licitación del nuevo sistema de agua corriente porque la Cafesg ya lo tenía diseñado. De lo contrario, recién estarían realizando el proyecto y la ejecución obra sufriría un retraso de uno o dos años más.
“También se están haciendo algunas obras en materia de desarrollo que la estamos encarando con el ministerio de Desarrollo Social para que la Cafesg haga una bajada territorial de proyectos”, indicó.
No obstante, aclaró que desde el momento en que la tarifa de Salto Grande comenzó a ser manejada “en forma arbitraria” desde la Nación, la Cafesg se quedó sin recursos físicos para dar respuestas concretas a obras de infraestructura.
De la misma forma, remarcó que la Cafesg no es un “capricho” ni “parte de una burocracia” sino que se trata de un organismo creado obligatoriamente por la ley N° 24954 que marca que la provincia tiene que tener un organismo específico que administre los excedentes de Salto Grande.
“Hoy se habla que las obras de saneamiento cuestan $ 1.000 millones. Si hubiese excedentes como hubo en el pasado que eran, más o menos, similares a los del presupuesto de la municipalidad de Concordia, Cafesg tendría no sólo la capacidad técnica de hacer los proyectos sino que tendría los fondos para hacerlo y no tendríamos que recurrir a las arcas del Estado”, añadió.
Lascurain remarcó que los $ 1.000 millones que faltan no significa que no existen. “Faltan porque se los llevan a Buenos Aires”, aclaró. “Es un gran negocio el tema eléctrico”, dijo. La Cooperativa Eléctrica de Concordia, de Gualeguaychú y Enersa compra el megavatio a $ 640 y a la represa le pagan $ 240”, indicó. Esa cifra no garantiza que queden excedentes dado que de ese número se deben descontar los gastos de mantenimiento de la represa que incluye los sueldos del personal además de otros ítems. “Si hay, va a ser muy poco porque los costos de Salto Grande, con la inflación del 40 % del año pasado y la que se está manejando para este año del 25 %, van a subir. Aunque haya subido la tarifa un 100 % (antes la Nación pagaba $ 120 el megavatio) no va a haber excedentes suficientes. La función que tiene la Cafesg están establecidas y no las podemos cumplir porque nos pisaron la tarifa”, dijo.
“La verdad es que es un abuso de los recursos de Entre Ríos por haber hecho una obra de ingeniería en un recurso natural. Se nos quedan con todo. Es una situación por demás injusta”, mencionó.
Por ello, remarcó que la provincia se debe alinear al proyecto ideado por el senador provincial Ángel Giano, quien logró la adhesión de sus pares de bancada y del senador de Rosario del Tala (Ricardo Troncoso), de provincializar Salto Grande. “De esa manera, Entre Ríos podría comenzar a manejar sus recursos de acuerdo a sus necesidades. No podemos permitir que subsidiemos al sistema eléctrico nacional con falta de obras en los arroyos, con daño ambiental. Es mucho dinero que aportamos por nada”, mencionó.
De esa forma, el precio de megavatio sería decidido por la provincia en función de los intereses entrerriano y no al de “los intereses empresarios de la Nación”. Hoy el promedio de costo del megavatio es de $ 1.150 pero a Salto Grande se le reconocen $ 240.
Lascurain además menciono que quien representa al gobierno nacional en Salto Grande “avala la tarifa y cuestiona la provincialización está haciendo una defensa de esa tarifa”. Ello lo impele a deducir que desde Salto Grande no quieren que haya excedentes.
Pero además recalcó que el organismo que administra la represa no muestra ningún presupuesto. “No sabemos cuánto van a gastar ni en que van a gastar. CTM no muestra los números. Entonces refulan arena en una playa, hablan de energía limpia, pero de lo que tienen que hablar es de ser eficientes en la administración de un recurso natural que son los saltos del río Uruguay que están localizados en Entre Ríos y de generar riqueza para la región. Todos los objetivos del convenio de 1946 no lo están cumpliendo”, añadió en referencia al agua para riego, la navegación del río, etc. “Lo único que hacen es generar energía y la ganancia que producen se la llevan para Buenos Aires”, dijo. “Quisiera saber dónde están los millones de pesos que le privan a Entre Ríos”, indicó.
En cambio, la Cafesg tiene un presupuesto que se envía a la Legislatura todos los años y rinde cuentas a la secretaría de Energía. “Tenemos los números a la vista y si los quieren criticar están en todo su derecho pero los mostramos”, añadió.
El vocal dijo que la represa fue pagada hace años mientras sigue produciendo daños ambientales y desde la provincia de Entre Ríos no se puede hacer nada. “La manejan desde Buenos Aires con representantes vernáculos. La historia y alguna auditoría juzgarán que hicieron con los excedentes. Y cuanto dinero le deben a Entre Ríos. Algún día vamos a sacar esa cuenta y vamos a ver que la Nación le está debiendo a la provincia mucho dinero sin reconocerle a Entre Ríos sus derechos sobre esa energía”, dijo.
El ex concejal explicó que las provincias patagónicas cuentan al petróleo y al gas natural como un recurso que les pertenece, Entre Ríos tiene como recurso la energía que genera el agua. “No es lógico que venga alguien haga una obra sobre ese recurso y se quede con todo”, indicó. Pretender lo contrario sería anticonstitucional dado que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
“La provincia tiene que hacer una expresión política y decir: ‘tenemos derecho sobre esa represa’ en forma contundente y clara. A partir de ahí hacer gestiones en Nación para reformular el convenio de 1946 con el gobierno de Uruguay. No es cierto que el Uruguay no quiera a Entre Ríos como socia”, dijo.
Para sustentar esa afirmación, recordó que los intendentes de las localidades ribereñas de ambas márgenes se reúnen periódicamente en el Comité de la Hidrovía del rio Uruguay. Si bien existen la CARU y CTM, ninguna de las dos tiene como función ocuparse de generar un complejo entre los puertos para abaratar los costos del transporte fluvial generando mayor competitividad a las economías regionales. “No es necesario un tratado internacional para que el gobernador (Gustavo) Bordet vaya y les proponga un sistema de cargas y el Uruguay lo aceptó y dialogan con la provincia y los intendentes sin ningún problema”, dijo.
Por ello, dedujo que “Uruguay no se va a oponer por oponerse a que el recurso sea de la Provincia y no de la Nación porque Uruguay tienen entendimientos con la provincia desde siempre”. No obstante, el Presidente de la Delegación Uruguaya de Salto Grande, Gabriel Rodríguez, dijo días pasados estar al tanto de la propuesta por la información vertida en medios de prensa argentinos y locales, y la calificó como “muy traída de los pelos y poco sustentable”. A ello, Lascurain contrapuso que esas declaraciones fueron “absolutamente desafortunadas y constituyen una injerencia en asuntos internos de otro país y no representan lo que piensan el pueblo y el gobierno uruguayo”.
