De la lista original de legisladores procesados faltan dos: Emilio Cantarero no está en condiciones de salud para afrontar el proceso y el radical José Genoud se suicidó el 26 de septiembre de 2008, cuando padecía una enfermedad terminal.
Aquel episodio que estalló en la prensa antes que en la justicia, y que empujó a Carlos “Chacho” Álvarez a renunciar a la vicepresidencia, comenzará a ventilarse dentro de dos semanas ante el Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.
Durante todo el verano y hasta bien entrado el otoño, ellos escucharán a unos 340 testigos y los alegatos de la acusación, la fiscalía y los defensores de todos los imputados: Fernando de la Rúa, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien con su “arrepentimiento” permitió avanzar en una investigación que parecía empantanada cuando pasó por las manos del primer juez de la causa, Carlos Liporaci. De hecho, ese magistrado –uno de los mencionados por el ex ministro Domingo Cavallo como parte de “la servilleta” en la que Carlos Corach habría escrito los nombres de los jueces adeptos al menemismo en los ’90– había dictado “falta de mérito” para todos los imputados.
La semana pasada, como antesala del juicio oral, dos ex peritos fueron condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso por falsear pericias telefónicas para beneficiar a acusados de la causa por el pago de sobornos. El Tribunal Oral Federal Nº 1 condenó al subinspector de la Policía Federal Rubén Omar Villalba y a José Luis Alfredo Bolatti por el delito de falso testimonio.
Todos los imputados llegarán a juicio acusados de cohecho: activo, para los funcionarios; pasivo, para los senadores. De la lista original de legisladores procesados faltan dos: Emilio Cantarero no está en condiciones de salud para afrontar el proceso y el radical José Genoud se suicidó el 26 de septiembre de 2008, cuando padecía una enfermedad terminal.
El tribunal deberá determinar si efectivamente, tal como se autoincriminó Pontaquarto, el gobierno de la Alianza pagó con fondos reservados 5 millones de pesos (dólares, por aquellos tiempos) a los senadores para aprobar la Ley de Flexibilización Laboral que no hacía más que acentuar la precarización de los trabajadores en sus empleos y facilitar los despidos a los empleadores. Entre los testigos del juicio estará el titular de la CGT, Hugo Moyano, a quienes los jueces interrogarán sobre aquella frase atribuida a Flamarique cuando desde el sindicalismo se resistía la ley: “A los senadores los arreglo con la Banelco.”
Durante gran parte de la investigación, De la Rúa estuvo al margen de las imputaciones, pero en agosto de 2009 quedó confirmado su procesamiento y un mes más tarde la Oficina Anticorrupción le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que elevara también su situación a juicio oral. El ex mandatario está procesado por “cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos” delitos que prevén penas de hasta diez años de prisión.
Disconformes con la investigación que llevó Rafecas en primera instancia, los senadores lo atacaron con un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Pero en febrero de 2008 el planteo fue desestimado y las cosas volvieron a su lugar: el juez a su despacho y los imputados al pasillo que conduce al juicio oral.
