Analizar la conveniencia de contar con un Banco provincial no es una tarea sencilla. Más allá de las conceptualizaciones teóricas, en la práctica, suelen entrar en conflicto dos lógicas administrativas antagónicas, hasta cierto punto. Una, que partiendo de una visión economicista, reduce la cuestión a la ventaja –o desventaja- económica en la operatividad de la entidad bancaria, estatizando la actividad si es rentable, o privatizándola si es deficitaria. Y aquella otra visión administrativa que hace un análisis más amplio y contextual del asunto, procurando observar, además, el valor público del proyecto, los beneficios y retornos sociales y económicos que un banco provincial puede reportar en el corto, mediano y en el largo plazo.
El cronista no desconoce las dificultades propias de la gobernabilidad: esquemas de poder, alianzas, demandas sociales, prioridades y demás cuitas de la política real, pero considera que es interesante propender a tener una visión contextual del asunto, que apunte a observar y analizar el valor público del proyecto en el mediano y en el largo plazo. Entendiendo por análisis de valor público, al análisis integral de las variadas incidencias que el proyecto puede tener sobre la realidad socioeconómica de los entrerrianos. Ese análisis, nos puede advertir de que estamos en presencia de una posible política de estado.
Mas allá de las diferentes y variadas interpretaciones de la realidad, que saludablemente coexisten en nuestra sociedad, creo que hay cierto consenso en que el perfil de la política económica del actual modelo nacional y provincial, es netamente keynesiano. Esto implica, entre muchas otras cosas, que la planificación estatal debe direccionar el proceso de acumulación capitalista, justamente para apalancarlo en interés del conjunto de las personas. En ese sentido, la creación de un banco provincial encuadra perfectamente en el marco ideológico de la actual gestión de gobierno.
Las funciones sociales, políticas y económicas que un banco provincial puede cumplir son variadas. Las actividades financieras de una provincia como la nuestra son muchas. Un banco público constituye la mejor instancia organizacional para abordar el estudio de las muchas problemáticas financieras de la provincia. Así, puede administrar los fondos de garantías que se crean, puede ser una herramienta para sustituir políticas de subsidios por políticas de créditos. Puede ser una herramienta de importancia para la administración de la deuda pública provincial; puede aportar crédito público o ganancias genuinas en épocas de bonanzas, dependiendo del grado de autarquía que se le pretenda dar. También puede actuar como un ente colocador de deuda pública. Como entidad bancaria puede ser depositaria de valores y recursos públicos, constituyéndose en el agente financiero de la provincia. Y hasta puede prestar asistencia financiera a los municipios.
Pero además de las funciones que pueda cumplir en la estructura organizacional del gobierno provincial, desde CEDESCO, Centro de Estudios para el Desarrollo Social de Concordia, creemos que los principales beneficios que reporta una banca pública provincial radican en las funciones económicas y sociales que directamente puede cumplir ante la sociedad. El mercado financiero que conforman los bancos privados está focalizado sobre la ganancia inmediata de cada operación de crédito. La lógica del sector privado, naturalmente, no cubre aquellas demandas de crédito que no siendo rentables en el corto plazo, si lo son en el mediano y largo plazo, dado que, financieramente, el largoplacismo implica mayor riesgo, y a medida que aumenta la volatilidad macroeconómica, el largoplacismo es cada vez mas riesgoso. Muchísimas políticas de créditos, virtuosas en términos sociales y económicos, son dejadas de lado, abandonadas por el mercado privado de crédito. De hecho, este se encuentra focalizado en préstamos para el consumo, los cuales se caracterizan por tener un limitado poder multiplicador y un muy escaso retorno social.
Por otro lado, es muy largo y tortuoso el camino que se debe recorrer para lograr que la banca pública nacional se focalice sobre las necesidades crediticias específicas de nuestra provincia, con la finalidad de promover créditos estratégicos y virtuosos para nuestra organización socioeconómica. El banco hipotecario prácticamente no tiene presencia territorial, en tanto que el banco nación lleva a cabo políticas regionales amplias, para determinados sectores de importancia nacional, pero difícilmente puede intervenir virtuosamente sobre actividades específicas de la provincia.
En ese sentido, se puede visualizar un amplio campo de acción –virtuosa- de una banca pública provincial. Así lo hacen Buenos Aires, y Capital Federal con sus respectivas bancas. Todas las actividades económicas consideradas estratégicas por sus gobiernos tienen líneas crediticias que tienden a apalancarlas. Por otro lado, cumplen una importante función en el crédito habitacional.
No es una casualidad que las provincias mas ricas del país hayan logrado mantener sus bancos provinciales durante el transcurso de la ola privatizadora que se inició en los años de neoliberalismo. Esos bancos continúan regulando el mercado crediticio de sus provincias, cumplen una importante función socioeconómica, también cumplen una importante función administrativa, y además, son rentables.
Estamos en un claro período de bonanza económica a nivel provincial, nacional, y regional. Estos períodos no caen literalmente del cielo, ni son eternos, pero al menos son propicios para el desarrollo de políticas de estado. La creación de una banca pública constituye una política de estado, muy a tono con otras políticas de Estado que se están llevando a cabo, pero que aquí no vienen al caso. Las políticas de estado dejan un gran capital político, sobre todo en el mediano y el largo plazo. A medida que madura y se profundiza el proceso democrático, esto se convierte en una tendencia creciente.
La acción política es bastante más compleja y dificultosa que la teoría política. Esta última es clara y fácil, ahora resta lo complejo: comenzar a pensar en la implementación política del asunto. El proyecto presentado por la diputada Ana D´Ángelo concentra el costo económico de la creación del banco en una sola región de la provincia, la región Salto Grande. Ello es una grave injusticia, razón por la cual no será un proyecto viable. Las variables de implementación son muchas y variadas, la necesidad de contar con una banca pública es una, habrá que seguir pensando.
